PROPOSICIÓN DE LEY
La AIReF estima el coste de la renta mínima entre 6.000 y 15.300 millones
Aplicar la proposición de ley que debate el Congreso de los Diputados para establecer una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo tendría un coste presupuestario de entre 6.000 y 15.300 millones de euros, dependiendo de si se incorporan o no determinadas enmiendas parlamentarias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que la aprobación de esta ley supondría un aumento del déficit "entre 0,5% y 1,5% del PIB", lo cual implicaría alejar la economía española "del objetivo de equilibrio presupuestario, con un notable impacto en la senda de deuda".
Así se refleja en el informe que el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha presentado este martes ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados para hacer un valoración del texto que se tramita en el Parlamento como resultado de una iniciativa popular impulsada por los sindicatos que recibió el apoyo inicial del pleno a finales de septiembre, pese al rechazo de PP y Ciudadanos.
"Es una medida de gran calado potencial, con un potencial redistributivo muy significativo, y un gasto fiscal relevante", ha dicho Escrivá. "Nos llevaría fuera del 3% del PIB (de déficit público) y nos sacaría fuera de la consolidación fiscal" ha avisado; ello instalaría la economía española en el Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea del que se espera salir en el 2018.
Personas beneficiadas
En su análisis sobre la proposición de ley, el presidente de la AIReF se ha remitido a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para remarcar que hay casi 3 millones de personas que, entre 18 y 65 años, manifestaron no haber trabajado en los últimos 12 meses, aunque en función de la renta personal de los posibles beneficiarios de una futura renta mínima como la que se debate en el Congreso podría situarse entre 1,9 y 2,2 millones de personas. Si se aplican criterios de renta por hogar, el número de beneficiarios podría baja a entre 1,3 y 1,5 millones.
En función del número de posibles beneficiarios, Escrivá ha cuantificado el coste de esta medida entre 6.000 y 12.800 millones de euros. Este impacto se elevaría a entre 7.000 y 15.300 millones si se incluye el complemento por menor o persona dependiente a cargo.
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