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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Bruselas debe aprobar antes de fin de año una norma de protección para soplones

El Parlamento Europeo urge a la Comisión a proteger a alertadores de irregularidades públicas o en empresas

La Unión Europea avala la denuncia anónima y en medios de comunicación

Rosa María Sánchez

Bruselas debe aprobar antes de fin de año una norma de protección para soplones

DENIS BALIBOUSE

La Comisión Europea debe aprobar “antes de que finalice el 2017” una legislación, que deberá ser adoptada después por España y los demás estados miembros, para proteger a los confidentes y denunciantes de posibles irregularidades y corrupción en empresas o sector público. Este el encargo que la CE ha recibido esta misma semana del Parlamento Europeo (PE) después de la aprobación de una resolución a favor de desarrollar medidas para proteger a los llamados "alertadores” (‘whistleblowers’, en la jerga inglesa europea); soplones,en lenguaje coloquial.

Héroes o traidores

El objetivo del PE es que estos denunciantes dejen de ser considerados como chivatos o traidores, que sean valorados por la sociedad y que gocen de un marco protector frente a posibles represalias que proteja su confidencialidad y que impida que, por ejemplo, sufran despidos en sus empleos u otras formas de acoso. También se pretenden dotar a alertadores de un sistema de compensación y apoyo por los daños sufridos, incluida la asistencia jurídica y psicológica.

“Los denunciantes y los periodistas de investigación juegan un papel vitan en nuestras sociedades”, valoró la diputada del grupo socialista europeo en la Comisión de Actos Jurídicos del Parlamento Europeo, la francesa Virginie Rozière. “Como se demostró en los casos de LuxLeaks (sobre trato fiscal preferencial a determinadas empresas en Luxemburgo) o de los Papeles de Panamá, los denunciantes pueden ayudar a poner al descubierto la corrupción y las poco fiables relaciones entre multinacionales y la élite global” –según la eurodiputada- aún a riesgo de perder “sus empleos, su libertad e incluso su propia vida”, añadió Rozière en alusión al reciente asesinato en Malta de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia.

Sin llegar a ese extremo,  recientemente en España existe el caso del funcionario andaluz Jaime González que ha denunciado públicamente, haber sido objetivo de un expediente disciplinario en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y haber sido suspendido de empleo después de haber alertado de amaños y adjudicaciones irregulares en la administración autonómica.

Parlamento Europeo

“La nueva regulación europea afectará obviamente a nuestro país”, explica el eurodiputado socialista Jonás Fernández, en alusión a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo. “Solo puedo lamentar que el Partido Popular no se haya unido a esta iniciativa”, añade.

La iniciativa salió adelante el 24 de octubre con 399 votos a favor, 101 votos en contra y 166 abstenciones. En general, los grupos de izquierda apoyaron el informe, mientras que la derecha voto en contra o se abstuvo tras haber defendido la necesidad de establecer “cortafuegos” para proteger a las empresas de filtraciones que pongan en peligro su reputación en los medios de comunicación. En particular el Partido Popular Europeo (PPE) optó por la abstención. “El Parlamento ha sido claro insistiendo en que se deben permitir las denuncias anónimas, pese a la resistencia del EPP y otros grupos de derecha”, afirma El eurodiputado del grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun.

Definiciones amplias

En el informe, la definición de “denunciante” va más allá de los empleados, públicos o privados, y se extiende a “consultores, contratistas, trabajadores en prácticas, voluntarios, estudiantes que trabajan, trabajadores temporales o antiguos empleados que tengan pruebas de tales actos y motivos razonables para creer fidedigna la información transmitida”, según la resolución parlamentaria.

Y las prácticas irregulares a las que se hace referencia abarcan “corrupción, delitos penales,  incumplimientos de las obligaciones jurídicas, errores judiciales, abuso de autoridad, conflictos de intereses, uso ilícito de fondos públicos, abuso de poder y flujos financieros ilícitos”. Pero también “las amenazas contra el medio ambiente, la salud, la seguridad pública, la seguridad nacional y la protección de la vida privada y de los datos personales”, así como la elusión fiscal y la violación de los derechos humanos, sociales, de los consumidores, de los trabajadores o del propio Estado de Derecho, así como los actos de encubrimiento.

El Gobierno del Rajoy pretende dar paso a las denuncias anónimas en las empresas

El Gobierno del PP pretende dar cobertura legal a las denuncias ciudadanas anónimas. El Ministerio de Justicia presentó el 23 de junio un anteproyecto de ley Orgánica de Protección de Datos donde se recoge expresamente la posibilidad de que se puedan crear canales de denuncias internas en las entidades privadas a través de los cuales se puedan interponer denuncias de forma anónima, lo que supone un cambio respecto del criterio seguido hasta ahora por la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, en el Congreso de los Diputados se está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, del grupo de Ciudadanos. En el texto se propone crear la categoría de “denunciante de la corrupción” referida a los “empleados públicos” para que se les garantice confidencialidad, asesoría, garantía laboral e indemnización por posibles daños. Para la web activista Xnet, sin embargo esta iniciativa es insuficiente ya que “descarta específicamente la posibilidad de denuncia anónima” y además limita su ámbito de protección a las alertas canalizadas a través de lo que sería una Autoridad Independiente de Integridad Pública, de nueva creación, dejando fuera las denuncias directas en los medios de comunicación, por ejemplo.

Los inspectores de Hacienda, por su parte, reclaman la aprobación de un Estatuto de la Agencia Tributaria que, entre otras cuestiones debería servir para reforzar la actual figura de la denuncia pública y regular el pago a confidentes en denuncias de delitos fiscales.

En la actualidad, la Agencia Tributaria admite denuncias anónimas relacionadas con posibles fraudes en facturas y tickets, software de ocultación de ventas, comercio electrónico o alquiler de inmuebles. También existe un buzón de denuncias (de fraude laboral) en el Ministerio de Empleo, así como en otros organismos tales como la CNMC la CNMV. Algunas empresas particulares, como Ferrovial, también disponen un "buzón ético" para la recepción de denuncias.

Tomando en cuenta esta dispersión de iniciativas, los activistas de Xnet valoran postivamente el informe adoptado por el Parlamento Europeo a favor de una legislación europea de protección a los denunciantes antes de que acabe el año ya que –subrayan- “contiene recomendaciones muy importantes para medidas que contemplan la posibilidad de denuncia anónima, la posibilidad de denuncia directa a terceros como la prensa u oenegés, además de medidas de protección laboral, legal, física y económica de aquellos que denuncian corrupción y abusos”.