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sector financiero

La cara banca italiana

La crisis del sector bancario en Italia puede costar más de 61.500 millones de euros que pagarán de alguna forma los ciudadanos

Rossend Doménech

Sede del banco Monte dei Paschi di Siena.

Sede del banco Monte dei Paschi di Siena. / AFP / GIUSEPPE CACACE

Primero fueron 5.400 millones de los contribuyentes para salvar el banco Monte dei Paschi di Siena, después 10.000 millones para cuatro bancos populares (Etruria, Marche, Carichieti, Cariferrara), más tarde 5.200 millones para el Popular de Vicenza y Veneto Banca. Finalmente los créditos deteriorados de tres cajas de ahorrros (Cesena Rimini, San Miniato) pasaron a un 'banco malo' y con toda probabilidad nunca serán restituidos. En total, más de 61.500 millones, según Affari&Finanza, que, como decía el gran cómico Totò "paga siempre Pantalón", el ciudadano común. "Y yo pago, pago....", decía con una frase que se ha hecho célebre entre los cómicos del país.

La crisis bancaria y de cajas de ahorros, que en España se presentó junto con la gran crisis de 2007-2008, afectó también a Italia, pero desde entonces ningún gobierno (Silvio Berlusconi presidía) quiso encararla. Hasta que, como dice un refrán italiano, "todos los nudos (de los pelos) llegan al peine» y el gobierno de Matteo Renzi (2013) intentó salvar lo salvable de cada instituto. Sin embargo, ahora, en vistas de las elecciones generales de la próxima primavera, había que encontrar un chivo expiatorio: El gobernador del banco central (Bankitalia), Ignazio Visco, reo de no haber vigilado bien a los bancos incriminados.

El PD teme que en campaña electoral la oposición saque posibles y tal vez reales complicidades y conflictos de interés en los saneamientos bancarios llevados a cabo, por lo que intenta echar balones fuera. Las derechas, la extrema izquierda, los indignados del M5S, y los economistas gritan al cielo por la «prepotencia» usada por Matteo Renzi para despejar el campo.

Presidencia Vilalicia

Hasta 2005 la presidencia de Bankitalia era vitalicia, pero a causa de la inestable situación política del país la UE ha «sugerido» alguna vez como candidatos a primeros ministros a expertos en economía, que el Parlamento ha sacado del banco central. Desde entonces el cargo de «gobernador» dura seis años, renovables, lo que tendría que suceder en estos días.

Con un procedimiento discutible y muy discutido en Italia desde un punto de vista constitucional-46 economistas han denunciado la irregularidad«-, la mayoría parlamentaria progresista (Partido Demócrata, PD) aprobó hace una semana una moción para no renovar el cargo a Visco, que caduca a fines de este mes.

Las leyes prevén que la presidencia de Palazzo Koch -nombre del edificio de Bankitalia—sea decidida con un decreto del presidente de la República, una vez escuchada la opinión del Ejecutivo, que a su vez pide la opinión de los miembros del consejo de administración del banco central. O sea, que el Parlamento no pincha ni corta en la decisión, con el objetivo de asegurar la independencia de Bakitalia, que si acaso responde a la BCE dirigida por Mario Draghi. La defensa del "gobernador" aduce que han sido precisamente las inspecciones del banco central las que han permitido sacar a flote los créditos deteriorados, las obligaciones vendidas a clientes ignorantes de finanza, las inversiones dudosas de los bancos.

Clientes y ciudadanos

A través de varios organismos estatales y paraestatales, instituidos adrede, los Ejecutivos han afrontado las crisis bancarias con fondos extraordinarios (Atlante y otros) usados a malsalva por los bancos, pero que, aún así, en cascada han repercutido doblemente sobre los clientes y los ciudadanos.

Sobre los clientes que tenían obligaciones de los institutos en crisis, que se las han encontrado transformadas en acciones de su banco, más simbólicas que reales. Sobre los ciudadanos, porque todos los bancos, con una carta formal enviada a los clientes, informaron que, a causa de la salvación de los institutos en crisis, subían unilateralmente las comisiones por cada operación: entre uno y dos euros más (generalmente ya eran 2.30 euros de promedio) por una transferencia o el pago de un recibo de la luz.

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