CaixaBank y Mutua madrileña rechazan el aval a Artur Mas para pagar los 5,2 millones de la fianza por el 9-N

SegurCaixa Adeslas, entidad aseguradora participada por el grupo Mutua Madrileña y CaixaBank, ha negado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, el aval para la fianza de 5,2 millones de euros que debe liquidar al Tribunal de Cuentas por el uso de fondos públicos para sufragar la consulta del 9-N. Fuentes de la entidad financiera han confirmado que la Generalitat cuenta con un seguro de responsabilidad civil con el grupo, pero que tras estudiar la situación no cubre las multas por la la participación de Artur Mas y los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs en el 9-N. La entidad esgrime que los siniestros derivados de actos declarados delictivos no están incluidos en ninguna póliza de responsabilidad civil. 

El expresidente de la Generalitat Artur Mas dio por hecho en septiembre que no podrán hacer frente de su bolsillo a la multa por la consulta soberanista sobre la independencia de Catalunya del 9-N del 2014 , por lo que pidieron aportaciones a la caja de solidaridad. "No puede ser que muy poquitos lo perdamos todo. Ayudar un poco es muy fácil. Hay una ola de solidaridad que agradecemos mucho", manifestó Mas en una entrevista conjunta en RAC1. Mas y sus 'consellers' disponen de plazo hasta el 20 de octubre para liquidar la multa o se procederá al embargo de sus bienes.

Desglose

De los gastos reclamados a los artífices del 9-N, la partida más alta es la relativa a la adquisición de ordenadores para las mesas de votación, que asciende a 3.044.399,09 euros, que deben afrontar solidariamente Rigau y Mas. A Homs se le atribuye la responsabilidad por 2.127.580,09 euros por varias partidas (publicidad, elaboración del soporte informático, envío de información, centro de información y centro de prensa). A Ortega, por las partidas relativas al registro de la página web, material para la votación, seguros para los voluntarios, soporte informático y campaña informativa se le exigen 839.520,26.

En total, el Tribunal de Cuentas divide así el gasto que supuso el 9-N: registro de una página web institucional (80,49 euros); material para la votación (54.694,92); ordenadores (3.044.399,09); publicidad institucional (876.560,63); seguros de voluntarios (1.531,87); soporte informático (759.470,76); envío de información (334.755,47); centro de prensa (156.793,23), y producción de la campaña informativa (23.661,71).

Rafael Entrena, abogado de Mas, Ortega y de otros dos implicados, manifestó su "absoluta disconformidad" con la resolución. "Creemos que es un clarísimo ejemplo de desviación de poder, se está instrumentalizando al Tribunal de Cuentas para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros, porque no se dan los requisitos para exigir una responsabilidad contable", señaló.