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FUNCIÓN PÚBLICA

El Gobierno subirá los sueldos públicos un máximo del 7,25% en tres años

Antoni Fuentes / Barcelona

Concentración de funcionarios ante el Ministerio de Hacienda, en 2012.

Concentración de funcionarios ante el Ministerio de Hacienda, en 2012. / JOSÉ LUIS ROCA

El Gobierno central ha planteado una subida salarial para los funcionarios hasta el 2020 que puede llegar a una cifra máxima acumulada del 7,25%. La oferta, comunicada en una reunión mantenida con los representantes sindicales, prevé un incremento retributivo fijo al que se sumaría una parte variable añadida en función de cómo evolucione el producto interior bruto (PIB) del país. 

La subida mínima sería del 1,5% en el 2018 y la máxima del 2,75% en el 2020. La propuesta prevé alzas fijas del 1,5%, 1,75% y 2% para los años 2018, 2019 y 2020. Además, unos variables máximos del 0,5% el primer año y del 0,75% los dos siguientes. La primera respuesta de los sindicatos ha sido calificar de insuficiente la oferta.

El planteamiento del Ministerio de Hacienda de vincular una parte de la mejora de los sueldos públicos al PIB supone una ruptura de los esquemas clásicos que tenían en cuenta únicamente las previsiones anuales de inflación. De entrada, la oferta supone aumentar la subida salarial del 2017 en medio punto, al pasar de un 1% al 1,5%, con la posibilidad de que finalmente se incremente más si el PIB evoluciona favorablemente.

Resto de administraciones

Las negociaciones en marcha, que se llevan a cabo de forma paralela a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, afectan directamente a la Administración central, que cuenta con unos 700.000 empleados. Sin embargo, generalmente la subida se traslada al resto de administraciones públicas españolas al convertirse en normativa básica de la función pública, con lo que afecta a unos tres millones de trabajadores.

Hacienda ha advertido a los sindicatos de que cada punto de incremento salarial del conjunto de funcionarios de España supone un gasto añadido para las arcas públicas de 1.120 millones de euros. Con este argumento, y para no disparar la factura de las administraciones en el capítulo de personal y mantener los objetivos de control de déficit público, el Gobierno sostiene que la mejora retributiva no puede rebasar el 2% anual. 

El incremento salarial definitivo para los empleados públicos se determinará en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas prevista inicialmente para este jueves y que cuenta con la presencia del Gobierno central, los sindicatos y representantes de las comunidades autónomas y ayuntamientos.