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EFECTOS DEL INFORME SOBRE ECONOMÍA COLABORATIVA

Los particulares podrán alquilar por días de su vivienda habitual antes de acabar el año

La Generalitat introducirá los cambios en breve en el nuevo decreto de turismo que está en trámite

El sector del taxi valora el informe de la Generalitat y trabaja en permitir el taxi compartido

Josep M. Berengueras

Una mujer consulta la plataforma on line Airbnb.

Una mujer consulta la plataforma on line Airbnb. / FERRAN NADEU

Cuenta atrás para que alquilar por días la vivienda habitual sea algo 100% legal en Catalunya. El primer paso ha sido la aprobación por parte del Govern el martes del informe de la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo de la Economía Colaborativa, a partir del cual se debe adaptar el marco normativo. Pero al contrario que en otras ocasiones, en este caso la cuestión legal se resolverá pronto: el Govern trabaja para que antes de finalizar el año esté aprobado el decreto de reglamento de Turismo.

Así lo han asegurado a este diario fuentes de la conselleria de Empresa i Coneixement, de la que dependen las cuestiones de Turismo. El nuevo decreto debería haberse aprobado ya, pero precisamente se ralentizaron los procesos para tener antes de que entrara en vigor el informe sobre economía colaborativa y cómo esta podía afectar al sector. Tras el informe, según las mismas fuentes, se introducirán los cambios pertinentes. "La idea es que antes de acabar el año vea la luz", destacaron las mismas fuentes.

El decreto, pues, incluirá las recomendaciones del texto, que prevé la creación de la figura del "hogar compartido". Según el informe, esta modalidad es una "oferta turística no profesional" consistente en la compartición de la vivienda principal (domicilio habitual y permanente) por periodos "de corta duración" pero "sin un máximo de días al año". Cualquier particular podrá, pues, alquilar legalmente su vivienda habitual por días. Sin embargo, deberá tener ese título de "hogar compartido" (habrá un registro oficial de estos), diferente del de las viviendas turísticas, y tendrá que presentar una declaración responsable. Además, se dejará a los ayuntamientos la puerta abierta para que puedan "adaptar, en sus disposiciones, la actividad del hogar compartido a su realidad territorial".

La solución encontrada, según fuentes de Airbnb, "va en la buena dirección", pues "abre la posibilidad a compartir la vivienda habitual por periodos de corta duración, repercutiendo en beneficios para Catalunya y sus ciudadanos". Según la empresa, alrededor de 7.400 familias catalanas compartieron una o más habitaciones de su vivienda habitual. "Este informe sitúa Catalunya al nivel de los principales países europeos como el Reino Unido, Francia o los países nórdicos. Airbnb celebra que no se diferencie entre vivienda entera y compartida", completa.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, son algo más cautos. Fuentes municipales aseguran que hay propuestas que son un "avance", pero que otros aspectos les preocupan. En referencia a los hogares compartidos, afirman que el informe "puede abrir la puerta a una eventual desregulación" que complique los "esfuerzos del Gobierno municipal para combatir las prácticas irregulares", ya que, entre otras cuestiones, no se fija un límite de días al año. 

Transporte

Otro de los aspectos en que entra el informe sobre economía colaborativa es en materia de transporte. Si bien en materia de turismo la solución es clara, en materia de transporte la propuesta es algo más difusa. El informe, para empezar, no parece considerar los modelos de transporte de pasajeros como Uber Cabify dentro de la definición de la economía colaborativa, por lo que les deja al amparo de otras normas.

En cambio, si que propone incluir tres nuevos modelos de movilidad compartida en el marco normativo: la compartición de un vehículo 'ocioso' (carsharing), la compartición de un trayecto (ridesharing, carpooling) y la compartición de un trayecto para transportar bienes o mercaderías.  Eso sí, el informe mantiene que el sector del taxi debe incorporar algunas novedades: "Incluir mecanismos de taxi compartido" y "un sistema tarifario más sencillo", además de promover el uso de aplicaciones tecnológicas.

"Teníamos claro que Uber o Cabify no tenían cabida en este informe pues no son economía colaborativa. Ya estamos adaptándonos tecnológicamente y seguiremos haciéndolo. También somos partidarios de que se pueda compartir taxi", ha asegurado Alberto 'Tito' Álvarez, portavoz de Elite Taxi.

Mientras, el Institut Metropolità del Taxi (IMET) ha destacado a este diario que "valoran" las conclusiones del informe porque este "identifica perfectamente la actividad ejercida por profesionales, que debe estar regulada, y separa los modelos de transporte particular que permite la compartición de vehículo, trayecto o viaje". Además, ha asegurado que el IMET "comparte las propuestas y, de hecho, está ya trabajando con el colectivo de taxistas para incorporar un sistema tarifario más sencillo, medidas de taxi compartido y la extensión de las aplicaciones tecnológicas".

Uber rehusó hacer declaraciones y desde Cabify aseguraron no haber estudiado aún cómo puede afectarles el informe.

Competència carga contra la regulación de las VTC

El pasado 1 de agosto, el Govern aprobó un decreto de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros que fijaba diversas limitaciones en las condiciones de trabajo de los vehículos de transporte con conductor (VTC), introduciendo un régimen de sanciones y prohibiendo la venta de este tipo de licencias hasta dos años después de su obtención para evitar la especulación.

El nuevo marco normaitvo, aplaudido por el sector del taxi, no ha gustado a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que ha emitido un informe donde cuestiona las medidas adaptadas y lamenta que el Govern no haya impulsado una regulación integral de los VTC.

Además de destacar que debería haberse llevado a cabo un "debate en profundidad y una reflexión conjunta" antes de redactar y aprobar la norma, carga contra cuestiones como la limitación de la transmisión de las licencias ("es discriminatoria e inapropiada") o la previa comunicación vía registro electrónico de los servicios contratados ("supone una carga administrativa").

La ACCO, de hecho, reclama que "es necesario incentivar una mayor competencia entre taxis y VTC y esto pasa por permitir que ambas tipologías de transporte puedan operar en los diferentes segmentos de contratación del servicio en igualdad de condiciones; tanto en el de pre-contratación, como circulando por las calles o bien en los estacionamientos habilitados al efecto".

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