Las Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios Urbanos piden eliminar la plusvalía municipal

Proponen que los ayuntamientos que dejen de recibir ingresos por este concepto reciban una compensación del Gobierno

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, organización representativa de más de 160.000 propietarios españoles, ha instado al Gobierno a que elimine definitivamente el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal.

Esta determinación ha tenido lugar tras la publicación de tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma que permite a los ayuntamientos cobrar la plusvalía municipal para los supuestos en que no hay incremento de valor.

El secretario general de la confederación, Miguel Ángel Sánchez Fraile, considera "urgente" que el Gobierno regule esta situación mediante "un sistema justo" que tenga en cuenta la capacidad económica del sujeto y que sea aplicable de forma progresiva.

"Este impuesto adolece de graves defectos, ya que no distribuye riqueza, no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, se aplica de forma automática y objetiva con una fórmula de cálculo también muy cuestionada y puede llegar a tener carácter confiscatorio", ha señalado Sánchez Fraile.

Por ello, la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas solicita la desaparición total de este impuesto con efectos inmediatos, así como la regulación de un sistema adecuado para los supuestos en que ya se haya devengado el mismo.

Sin embargo, Sánchez Fraile aclara que, a pesar que aboga por la desaparición de la plusvalía municipal, considera que los ayuntamientos no deben quedarse sin ingresos por este concepto, sino que "deben ser calculados de otra forma".

Para ello, propone una compensación desde el Gobierno central, es decir, que los ayuntamientos no entren a recaudar ni regular las plusvalías, pero que sí reciban del Estado el importe que resultara de la declaración de las mismas en el IRPF y el IS. "Esta sería la forma de cumplir con el artículo 31 de la Constitución y los principios que proclama", ha defendido.