El Plan Prepara se prorrogará hasta el 31 de marzo

El Plan Prepara será prorrogado hasta el próximo 31 de marzo una vez que las comunidades autónomas den el visto bueno al borrador del decreto ley que Fátima Báñez, ministra de Empleo, les ha remitido esta misma mañana, al mismo tiempo que comparecía ante la comisión de Empleo del Congreso para hablar del tema. Al pedir que se le encomiende la gestión del plan "de manera extraordinaria y limitada en el tiempo", el Gobierno elude cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que recuerda que las autonomías tienen la competencia en materia de empleo.

En las próximas semanas se reunirá la comisión sectorial de empleo, que forman el Ejecutivo y los consejeros de empleo autonómicos para formalizar este acuerdo que deberá tener unanimidad, algo que dan por seguro en el ministerio de Báñez. El próximo 4 de septiembre se reunirá la comisión del diálogo social, que cuenta con representantes de los sindicatos y las organizaciones empresariales, para tratar del plan de choque por el empleo que abordará la reordenación de las ayudas a los desempleados de larga duración que pueden acogerse al Plan Prepara, el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y de la Renta Activa de Inserción (RAI).

El Consejo de Ministros aprobará el decreto de prórroga "en cuanto sea posible", en expresión de Báñez, que sólo ha utilizado una cuarta parte de los 40 minutos de su intervención para hablar del tema. En todo caso, si el Gobierno pretende que la nueva fase del Prepara esté vigente hasta el último día de marzo, como han indicado fuentes del Ministerio de Empleo a este diario, el decreto debe estar aprobado por el gabinete y publicado en el BOE antes del 30 de septiembre. 

952.456 parados se han beneficiado rdel Plan Prepara desde que entró en vigor en el 2011

Según Empleo, 952.456 personas se han beneficiado del plan desde que se puso en marcha en el 2011, bajo mandato del PSOE, con el nombre de Prodi. Cuando se renueve tendrá efectos retroactivos desde el pasado 16 de agosto.  

Los grupos de la oposición han reprochado a Báñez que no haya prorrogado el plan "por razones humanitarias" ante el aumento del número de desempleados que se están quedando sin ningún tipo de prestación, subsidio o ayuda.  En julio, la mitad (55,62%) de los 3,3 millones de parados registrados en el servicio público de empleo cobraba prestaciones. El resto de las ayudas y subsidios sólo se perciben durante seis meses sin que el beneficiario pueda solicitarla de nuevo.

Sin cambios en dos semanas

La oposición esperaba de la ministra algo más que una repetición de lo ocurrido el pasado día 14 de agosto, cuando Empleo reunió a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme ante la sentencia adversa del Tribunal Constitucional. En aquella cita ya se habló de reunir a la comisión sectorial y de la convocatoria de la mesa por el empleo. 

A tenor de lo que hoy han dicho los grupos parlamentarios el Ejecutivo no tendrá problemas para conseguir la unanimidad autonómica, a la que ha apelado Báñez para sorpresa de las formaciones de la oposición, porque de lo contrario el Gobierno les responsabilizará de desatender a los parados. Tanto socialistas y podemitas como nacionalistas vascos y catalanes se han esforzado por mantener la templanza pero han reprochado a la ministra que se acuerde ahora de las autonomías cuando no lo ha hecho al aprobar dicho plan sabiendo que era competencia autonómica.

La oposición no cree que esta actitud suponga que el Gobierno abandona el afán recentralizador en políticas sociales, como le ha criticado,  ni que vaya a tener en cuenta la doctrina del Constitucional sobre las competencias en materia de empleo. Es más, cuando el diputado de ERC le ha pedido que acate lo que marca el alto tribunal, Báñez ha respondido lo mismo pero en clave del 'procés'.

El 55,62% de los 3,3 millones de parados no cobran la prestación 

Las ayudas vasca y catalana

La única dificultad para que los planes del Ejecutivo del PP salgan adelante puede venir del PNV. Su diputado Íñigo Barandiaran, ha puesto de relieve que los beneficiarios de Plan Prepara, de 450 euros, en el País Vasco no solicitan éste sino la renta garantía de ciudadanía que distribuye el Gobierno de Vitoria y cuya cuantía es mayor, entre 650 y 959 euros. Lo mismo puede suceder en Catalunya, aunque hoy los diputados catalanes no lo han expresado, con la renta garantizada de ciudadanía que entra en vigor en septiembre con una cuantía de 664 euros durante cuatro meses.

Bañez cuenta con el apoyo de los nacionalistas vacos sin titubeos en el marco de lo que ha llamado "diálogo leal" con el PNV y que, entre otras cosas, permite que los gobiernos de Madrid y Vitoria aprueben sus presupuestos  anuales con apoyo mutuo. 

Para afrontar el problema de fondos que dejan en las arcas autonómicas las ayudas que otorgan las comunidades superiores a la estatal, la ministra de Empleo ya ha lanzado el primer cable de consenso al afirmar que la futura reordenación de ayuda se hará para que las autonomías "no hayan de asumir un coste que no les corresponde".

Salida a la española

La mayor parte de la intervención de Báñez ha estado centrada en resaltar la recuperación de la economía y del empleo en España en términos que los grupos parlamentarios han calificado de propagandísticos. La ministra lo ha llamado la "salida social a la española", que es "sólida y sana", "sin dejar a nadie atrás, mejorando las pensiones y el Estado de bienestar".