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MOROSIDAD

España es el tercer país europeo en el que las empresas tardan más a pagar

Hay casi 60 días de diferencia del plazo de pago entre las firmas españolas y las finlandesas o las alemanas

Pimec advierte de que la directiva de la UE se aplica con muchos problemas en los países del sur

Salvador Sabrià / Barcelona

El presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, en el centro, junto al presidente de Pimec, Josep González, en una reunión con el ministro de HAcienda, Cristóbal Montoro (de espaldas).

El presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, en el centro, junto al presidente de Pimec, Josep González, en una reunión con el ministro de HAcienda, Cristóbal Montoro (de espaldas). / ÁLVARO MONGE

Pese a algunos avances logrados en los últimos años gracias a las directivas europeas, España se sitúa como el tercer país de la UE en el tardan más las empresas en pagar sus facturas entre ellas y el cuarto cuando interviene la Administración. En el primer caso, unos 55 días de media este año, y en el de las empresas públicas, de 78 días, según los datos de la consultora Intrum Justitia, aunque otras fuentes consideran que son mucho más amplios todavía. A partir de los datos de este informe, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM) reclama a la Unión Europea que revise sus directivas porque se mantiene una gran distancia entre la reducción de la morosidad en los cuatro países del sur (Grecia, Portugal, España e Italia) y el resto de estados miembros de la Unión.

Para el presidente de la Plataforma y secretario general de la patronal Pimec, Antoni Cañete, las elevadas diferencias en los plazos de pago entre empresas que se registran en los diferentes países causan una pérdida de competitividad de las compañías en los que la morosidad es mayor, ya que disponen de menor liquidez y además deben pagar más intereses para financiar su día a día. Entre los países que pagan más al día, como Finlandia, Reino Unido o Alemania (22 y 23 días la Administración) y España llega a haber diferencias de pago de 60 días. 

La legislación española vigente, modificada tras varias advertencias de incumplimientos de directivas europeas, sitúa el límite legal de retraso en los pagos en 30 días para la Administración y en 60 días entre empresas privadas. Si se superan estos plazos, la empresa morosa debería pagar al acreedor ocho puntos más como mínimo, pero no se trata de un medida automática sino que para ello la firma afectada  debería reclamar. "¿Quién reclama intrereses al que lo contrata?", se pregunta Cañete. Y ,añade que además los principales perjudicados son las pymes frente a las grandes empresas. De hecho, según un estudio de la Plataforma, hay compañías del Ibex que están pagando a una media de 160 y 180 días, cuando han cobrado de la Administración en menos de un mes. Y algunas llegan a superar los 500 días de retraso.

Según el informe de Intrum Justitia, en general se ha reducido el plazo de retrasos en los pagos, tanto en el sector público como en el privado este año respecto al anterior, pero se está muy lejos de las obligaciones legales. Las principales causas de esta morosidad son, en primer lugar las dificultades financieras del deudor, pero en el segunda posición destaca la "intencionalidad" de pagar tarde. Además, un 64% de los directivos consultados en ese estudio aseguran que siguen pidiéndoles que cobran más tarde del plazo legal cuando firman un contrato.

Para Cañete, es urgente la imposición de un régimen sancionador, que haga cumplir la ley como sucede en los países del norte de Europa. Actualmente se está tramitando una proposición de ley en este sentido en el Congreso que podría estar lista a finales de año. 

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