Holaluz colectiviza el sol

Manos a la obra a todo sol y compartido. Holaluz ha montado la primera instalación de autoconsumo eléctrico compartido en una vivienda en el término municipal de Rubí (Vallès Occidental). Con esta operación se hace realidad la posibilidad de que varios vecinos compartan electricidad generada con placas solares fotovoltaicas. En las próximas semanas, la distribuidora de la zona deberá validar la instalación.

Aunque la instalación solo dará servicio al dueño de la casa y a otro vecino del barrio, es un paso sin precedentes. Hasta junio pasado, esta modalidad de producción y consumo colectivo estaba prohibida en España por un real decreto del 2015. El Tribunal Constitucional abolió finalmente este veto, con lo que se abrió la posibilidad de realizar el autoconsumo energético compartido en edificios de viviendas y urbanizaciones.

Esta es, además, una opción que fomenta en la actualidad la Generalitat. Carlota Pí, cofundadora de la comercializadora catalana,  asegura que "el autoconsumo está en el ADN de la compañía desde su fundación". De hecho, la empresa, que el año pasado facturó unos 100 millones de euros y tiene unos 100.000 clientes, defiende el autoconsumo como vía para "la transformación del sector energético hacia la sostenibilidad". Holaluz apuesta por las energías renovables y las nuevas tecnologías para mejorar el servicio.

Autoproducción y almacenaje

La empresa tiene muy claro que en unos 10 años, "los sistemas de autoproducción y almacenaje de energía serán un estándar en todas las viviendas y se convertirán en un electrodoméstico más". Según Pí, "estamos caminando hacia un mundo 100% autosostenible, con un 100% de autoproducción de energía renovable y de almacenaje de esa energía".

El Ejecutivo catalán estima que alrededor del 95% de los hogares de Catalunya son susceptibles de generar su propia energía a través del autoconsumo fotovoltaico. Se trata de todas aquellas viviendas que tienen contratada una potencia de menos de 10 kilowatios (kW), que son la mayoría y que incluyen también comunidades de vecinos y autónomos. Según la regulación actual, no están sujetas al denominado impuesto al sol, como sí lo están las que superan esta potencia. En esos casos, hay empresas que se han quejado de las trabas administrativas pese a estar dispuestas a pagar ese gravamen, como es el caso de Bodegas Torres.

Pese las restricciones de la normativa estatal, la Generalitat entiende que hay "brechas" legales que permiten a las autonomías y ayuntamientos fomentar este tipo de actividad que, junto con la implantación de baterías y el vehículo eléctrico forman los pilares para una sistema basado al 100% en energías renovables. Todo ello se incluye en el pacto para la transición energética promovido por el Govern.