La Fiscalía de Madrid se querella contra Jaime Botín

La Fiscalía Provincial de Madrid ha interpuesto una querella contra el banquero y expresidente de Bankinter Jaime Botín y otras tres personas a los que acusa de un delito contra la Hacienda, cuya cuota defraudada ascendería a 1.014.298 euros.

La Fiscalía les acusa de haber creado un entramado de empresas a través de la cual deslocalizaron de manera "artificiosa" una aeronave de Botín en Portugal. En el país luso no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que realmente el avión tenía su base movimientos en España, en su mayor medida en el aeropuerto de Torrejón.

Según informa la Fiscalía, con dicha operativa los querellados evitaron hacer frente al Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), cuota que por medio de la querella se les reclama y que resulta tras aplicar el tipo impositivo correspondiente teniendo en cuenta el valor de la aeronave (10.700.000 dólares).

En el 1989 se constituyó la empresa World Tour, de la que Jaime Botín era propietario de la práctica totalidad de su capital, y cuyo objeto social era la compraventa y tenencia de valores y demás derechos, "así como de bienes inmuebles". La Fiscalía ha señalado que los principales activos de la empresa eran el 66,67% de las acciones de la sociedad Cherokee Bay, domiciliada en Jersey valoradas en más de 25 millones de euros y del 99,99% de las participaciones sociales de World Tour Portugal, LDA, valoradas en 10,5 millones de euros.

Contrato de compra

En el 2012 la sociedad World Tour, a través una de las personas querelladas, firmó un contrato de compra con la compañía estadounidense Cessna Aircrfat Company de un avión por un precio total de 10.700.000 dólares "y que se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sainz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid".

El contrato establecía que la aeronave debía de disponer de certificación comercial expedida en España y que la entrega se realizaría en el aeropuerto de Torrejón. Dado que la matriculación del avión estaba sujeta en España al impuesto especial implicaba la obligación de World Tour de liquidar el impuesto e ingresar a la Hacienda Pública 1.014.298 euros.

Ese fue el motivo, según la Fiscalía, de que los querellados decidieran deslocalizar "de forma artificiosa" la matriculación de la aeronave a Portugal, "donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación". De ahí que otro de los querellados, en nombre de World Tour S.A constituyera una sociedad en el aeródromo municipal de Cascais llamada World Tour Portugal.

Una vez matriculada la aeronave en Portugal "a fin de evitar el pago de impuesto mediante este montaje puramente artificial", la Fiscalía sostiene los querellados debían "por un lado ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour S.A. y, por otro lado, debían asegurar que World Tour S.A. tuviera en España la plena disponibilidad de la aeronave".

Desvía de fondos

Para sufragar la compra del avión que asumía World Tour, la sociedad española desvió los fondos necesarios a la sociedad portuguesa que fueron ingresados en la misma cuenta corriente que, a su vez servía de garantía financiera al Banco Santander Totta en el contrato de leasing que, "para facilitar el uso de la aeronave en España", firmó Air Nimbus Operaçoes Aereas.

De esta forma el banco que aparentemente había asumido la posición compradora del avión, cedió en leasing a Air Nimbus Operaçoes Aereas, que estaba controlada por otra de las personas querelladas. Al mismo tiempo World Tour Portugal firmó con Banco Santander Totta un contrato de opción de compra "asegurando de esta manera el control último sobre la aeronave".