CRISIS DE UNA ENTIDAD BANCARIA

La venta del Popular llega a la Fiscalía Anticorrupción

Inversores minoritarios denuncian a Saracho y Del Valle por gestión temeraria y manipulación del valor

Despachos de abogados preparan demandas contra el Santander y contras las autoridades bancarias

El abogado Javier Cremades, secretario general de AEMEC, explica las acciones legales de los pequeños inversores del Banco Popular.

El abogado Javier Cremades, secretario general de AEMEC, explica las acciones legales de los pequeños inversores del Banco Popular. / JUAN MANUEL PRATS

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R. M. SÁNCHEZ / P. ALLENDESALAZAR / MADRID

Las primeras demandas por la intervención del Popular y su venta al Santander por un euro ya están en los juzgados. Ni 24 horas han tardado los despachos de abogados que en los últimos años se han dedicado al lucrativo negocio de defender a los perjudicados por la crisis bancaria en presentar las primeras denuncias dirigidas contra la antigua cúpula de la entidad, con el expresidente Emilio Saracho y el inversor mexicano Emilio del Valle a la cabeza, aunque se preparan otras contra el banco comprador y contra las autoridades bancarias españolas y europeas.

El terreno está abonado por la pérdida total de su dinero (entre 3.000 y 4.000 millones de euros) que han sufrido los 305.000 accionistas del Popular y los miles de propietarios de deuda convertible y subordinada. El despacho Cremades y Calvo Sotelo, en representación de 385 pequeños inversores que poseían el 3% del capital del banco, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de administración desleal (principalmente dirigida contra Saracho, a quien acusa de provocar "pánico" en la clientela y fuga de depósitos con su gestión "temeraria") y uso de información privilegiada para manipular la cotización de las acciones desde hace varios meses con apuestas bursátiles bajistas (con Del Valle a la cabeza).

El FROB  sostiene que no hay vía para devolver el dinero como se hizo en Bankia

Los letrados también preparan un recurso administrativo ante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el representante español del europeo Mecanismo Único de Resolución (MUR), contra la decisión de las autoridades de intervenir el Popular. A su juicio, fue "no una expropiación, sino una incautación”, ya que se realizó “sin procedimiento debido y sin justiprecio”, vulnerando los derechos de los accionistas. Además, pretenden impulsar acciones civiles y mercantiles con el objetivo de que un juez convoque una junta y “devuelva la condición de accionistas” a los antiguos propietarios.

RESPONSABILIDAD INCIERTA

Otros abogados, como Roca & Asociados, estiman en cambio que es el Santander el que "se enfrenta a acciones civiles, y posiblemente penales", ya que "deberá asumir las consecuencias de las diversas operaciones que el Popular llevó a cabo". Algunos despachos destacan que las últimas cuentas del banco tuvieron que ser rehechas por incluir errores, con lo que se puede argumentar que los inversores recibieron información falsa.

La presidenta del Santander, Ana Botín, admitió el miércoles que el banco ha "considerado" la posibilidad de recibir demandas, pero su consejero delegado, José Antonio Álvarez, ha apuntado este jueves en dirección a la autoridad de resolución: "Tomó las determinaciones que quería tomar y nosotros lo que hemos sido es compradores del banco en unas determinadas condiciones que estableció".

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Fuentes del FROB han advertido que, independientemente de contra quién vayan las demandas, el Santander no ha recibido "ninguna garantía" pública en caso de ser condenado. Además, han afirmado no ver ninguna "fórmula" para crear un mecanismo extrajudicial de arbitraje como el que se dio a Bankia para devolver el dinero de las preferentes y la salida a bolsa.