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varapalo a una decisión del Gobierno de Rajoy

El Constitucional anula la amnistía fiscal de Montoro

La sentencia, sin embargo, no tendrá efectos sobre los defraudadores que se acogieron a la regularización del 2012

El alto tribunal asume que la medida vulneró los principios de capacidad económica e igualdad

ÁNGELES VÁZQUEZ / ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

Fue aprobada con un decreto ley cuando afectaba a derechos que nos se pueden modificar de esa manera / JUAN MANUEL PRATS / VÍDEO : ATLAS

La amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy se ha estrellado en el Tribunal Constitucional. La institución ha declarado inconstitucional la regularización fiscal diseñada en el 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha dado la razón al recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados en junio de ese año.

La resolución, sin embargo, no tendrá apenas consecuencias prácticas sobre los alrededor de 30.000 contribuyentes que se acogieron a aquella amnistía siempre que las regularizaciones sean firmes. Solo tendrá efecto sobre las que aún no sean firmes, como pudiera ser el caso del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato u otras personas implicadas en procedimientos judiciales por delito fiscal. 

El Constitucional anula por unanimidad la disposición adicional primera del real decreto ley 12/2102 de 30 de marzo por la que el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la llamada amnistía fiscal con el argumento de que era preciso una recaudación extra de ingresos con la que afrontar la grave recesión de la economía española. El real decreto previó la posibilidad de que los defraudadores de los impuestos sobre la renta y de sociedades pudieran ponerse al día con el fisco previo pago de un tipo del 10% que les dejaría libre de sufrir recargos ni sanciones penales o administrativas.

Bajo ese reclamo, afloraron unos 40.000 millones de euros de rentas ocultas, si bien Hacienda apenas logró ingresar 1.191 millones (el 3% de lo aflorado) pues una parte importante del patrimonio sacado a flote ya había prescrito.

ABDICAR DE SU OBLIGACIÓN

Ahora, el alto tribunal anula la amnistía fiscal por un motivo formal –haber utilizado la vía del decreto ley para poner en marcha una medida de este tipo- si bien en sus consideraciones deja bien claro que la medida supuso “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos” consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución.

El fallo critica que con su decisión, el Gobierno “legitimó como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”. Según el Constitucional, el objetivo del Gobierno de lograr ingresos para afrontar la grave crisis económica del 2012 “no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario”.

Los grupos parlamentarios de PSOE y de Podemos han pedido la dimisión del ministro Montoro. También la pidió el colectivo de técnicos de Hacienda agrupados en Gestha, mientras que la organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha recordado que ya manifestó que la amnistía comportaba “un absoluto desprecio a los principios de igualdad y justicia tributaria”. Montoro anunció unas horas más tarde que pedirá comparecer para explicar su versión sobre el fallo y sus efectos. 

En todo caso, desde el Ministerio de Hacienda intentan trasladar tranquilidad. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha valorado que la sentencia solo cuestiona “el instrumento normativo utilizado” (real decreto ley) y ha interpretado que el fallo “avala la regularización”, por lo que “no tiene ningún tipo de consecuencia” en la práctica. La sentencia aclara que “no son susceptibles de ser revisadas (…) las situaciones jurídico tributarias firmes producidas a su amparo (del real decreto), por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica”.

Hay casos, sin embargo, en los que pudiera no ser firme aquella regularización (cuyo plazo de declaración finalizó el 30 de noviembre del 2012) si, por ejemplo, su prescripción quedó interrumpida por una investigación posterior. Ese podría ser el caso del exdirector del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, de quien se ha sabido que si bien se acogió a la amnistía fiscal de Montoro, fue luego objeto de una investigación posterior que culminó en la apertura de un procedimiento judicial, en abril del 2015, antes de que la regularización fiscal realizada prescribiera en noviembre del 2016.

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