La solución del Popular pasa por la venta o la intervención sin ayuda públicas

El reciente acuerdo alcanzado por Italia con la Comisión Europea para que el país pueda inyectar ayudas al Monte dei Paschi di Siena sin aplicar las reglas comunitarias de resolución bancaria (es decir, infringiendo unas pérdidas más suaves a sus dueños y acreedores) había hecho surgir en los últimos días rumores de una posible salida similar para el Banco Popular. Esta vía, sin embargo, no es replicable en la entidad, según fuentes conocedoras del proceso.

El banco trasalpino suspendió los <strong>test de estrés</strong> a la banca europea del año pasado, mientras que el Popular obtuvo un aprobado raspado, lo que le impide acceder a esa fórmula. Significativamente, el ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, viene afirmando desde hace tiempo que el Gobierno "no tiene ninguna previsión de inyectar recursos públicos" a la entidad y que el banco superó el examen europeo del 2016.

El ministro también insiste en que el Popular es "solvente", según le dice el Banco de España. Precisamente, el gobernador, Luis María Linde, se ha negado a contestar una pregunta de un senador de Podemos sobre si la situación de la entidad podría afectar al déficit público vía la concesión de ayudas. "No puedo decir nada, así de sencillo. No es el momento, no debo decir nada de eso, no vengo preparado para ello", se excusó.

El Banco Central Europeo (BCE) y el Mecanismo Único de Resolución (MUR) podrían terminar por intervenir el Popular si determinan que la entidad es insolvente (de momento cumple los mínimos legales) o está en riesgo de serlo.

Ello podría provocar pérdidas en las acciones, deuda y depósitos de más de 100.000 euros (por debajo están garantizados). El MUR también podría imponer la creación de un banco malo o la venta de activos. El Popular no quiso ayer ni confirmar ni desmentir que su presidente, Emilio Saracho, y su consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, mantuvieron un encuentro con el BCE.