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respuesta ante prácticas bancarias irregulares

Cerca de 900 demandas para un solo juzgado de cláusulas suelo

Los jueces respaldan con cifras la insuficiencia de los tribunales especializados que atenderán estos casos

El CGPJ destaca que el plan de urgencias que entra en vigor este jueves contempla medidas flexibles

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

Afectados por las cláusulas suelo protestan en la Ciutat de la Justícia.

Afectados por las cláusulas suelo protestan en la Ciutat de la Justícia.

De momento es más un fantasma amenazante que una realidad palpable. No se sabe cuántas demandas sobre cláusulas suelo tendrán que asumir los juzgados especializados que entran en funcionamiento este jueves, pero habida cuenta del procedimiento arbitrado y la realidad inscrita en los registros judiciales, el juzgado de Barcelona habilitado para atender las reclamaciones tendría que vérselas, como mínimo, con 900 casos al año, sin contar con los efectos del real decreto aprobado por el Gobierno para paliar el previsible aumento de litigios en relación con las cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

La cifra  --una proyección a partir de los datos registrados-- no deja de ser un reto si se considera que se ocupará de esos casos un juez en prácticas sin medios suplementarios -que se conozca hasta ahora-, adjunto a un juzgado de instrucción de turno al que directamente no se podrán adjudicar demandas sobre cláusulas suelo. En el caso de Barcelona, es el Juzgado de Instrucción número 50 el que incorpora desde este jueves un juzgado bis que atenderá las demandas.

Los 900 casos son la proyección que realiza para la provincia de Barcelona la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el acuerdo remitido al Consejo General del Poder Judicial. En este texto, expresa las consideraciones en contra del procedimiento establecido por el órgano de supervisión de los jueces para abordar las reclamaciones presentadas dentro del plan de urgencia diseñado por la judicatura. En esa proyección, los jueces del TSJC destacan que si en lugar de destinar todas las demandas a un solo juzgado se repartieran entre los de primera instancia de la provincia, las 72 salas se repartirían entre 12 y 13 casos al año. Esa proyección es parecida en el resto de provincias catalanes. Girona, con 196 asuntos tramitados se repartiría entre 30 y 31 casos entre los 13 juzgados. En Tarragona (164) se repartirían entre 12 y 13 casos por año, y en Lleida (112), entre ocho y nueve causas.

REPARTO DESCARTADO

Pero esa forma de reparto ya ha quedado descartada, al decidir el CGPJ la centralización territorial y la especialización en su plan de urgencias. "Hasta que no se conozcan las cifras concretas no se sabrá si los medios son suficientes. Pero, desde luego, los juzgados harán lo que esté en su mano para que las causas salgan adelante", ha comentado a este diario Luis Rodríguez Vega, responsable en Catalunya de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). "El sistema no nos parece afortunado, pero se hará lo posible para que funcione", ha agregado.

Pese a ellos, el malestar entre los jueces es creciente, y no solo por el más que probable colapso de los juzgados especializados, sino también por el tipo de protocolo establecido por el CGPJ para que los jueces resuelvan las demandas. "En mis 25 años de carrera judicial es la primera vez que el CGPJ limita de esta forma la capacidad de decisión de los jueces", ha comentado José María Fernández Seijo, magistrado de la Audiencia Provincial, que impulsó una causa ante Bruselas que obligó a la modificación de la ley hipotecaria española. Entre los jueces existe cierto ánimo de plante ante el desarrollo del plan de urgencias, aunque no se ha concretado ninguna decisión.

RESOLVER LITIGOS

Las altas instancias de la judicatura española defienden el plan de urgencias. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha explicado este miércoles que el objetivo de la especialización de un juzgado por provincia es conseguir resolver los litigios que se planteen en relación con las cláusulas suelo sin que se vea afectado el tiempo de respuesta que actualmente están dando los juzgados de primera instancia a los asuntos para los que son competentes, que se sitúa en la media europea.

La especialización, ha añadido Lesmes, también garantiza la uniformidad en la respuesta que reciban los ciudadanos a sus demandas y, por tanto, mayor seguridad jurídica. Estas declaraciones las ha realizado después de una reunión con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en la que estas se han comprometido a colaborar con el
plan de urgencia. El presidente del poder judicial ha señalado, además, que la solución planteada por el CGPJ "se caracteriza por su flexibilidad, de modo que las medidas de refuerzo se podrán adaptar a las circunstancias que se planteen en cada momento".

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