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La deuda judicial (y financiera) de la CAM

La entidad, calificada como "lo peor de lo peor" por el Banco de España, está implicada en tres procesos judiciales

M. J. B. / BARCELONA

Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. / MIGUEL LORENZO

"Lo peor de lo peor". Son las palabras con las que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por entonces gobernador del Banco de España, calificó a la entidad financiera que acaba de ser intervenida por el FROB. Las irregularidades financieras que habían descapitalizado la entidad, le costó al Estado un inyección inicial de 2.800 millones de euros (más 1.000 millones de capital). Antes de ser 'vendida' al Banc Sabadell. El FROB se desprendió de ella por un euro y un Esquema de Protección de Activos (EPA) de hasta 16.610 millones de euros, con el que se blindaba al banco del 80% de pérdidas de una cartera de activos valorada contablemente en 24.644 millones.

Ese sistema de protección comenzó a activarse de manera efectiva en el 2015, una vez que se agotó un fondo de provisiones de 3.882 millones que se aportó a la caja. Desde entonces, la entidad presidida por Josep Oliu remite anualmente -hasta el 2021- una liquidación en la que se detalla la factura que ha de sufragar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por las pérdidas registradas en la cartera protegida.

El descalabro financiero de la caja alicantina se ha visto reflejado en los juzgados en una profusión de causa judiciales que parecen no acabar. Por la Audiencia Nacional han pasado seis causas relacionados con la gestión de la CAM, de las que tres tenían que ver directamente con operaciones realizadas por Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la filial inmobiliaria de la caja. Finalmente los procesos ha quedado simplificadas en tres causas.

CAUSAS JUDICIALES

La pieza principal, que ahora llega a juicio oral, indaga sobre el presunto falseo de las cuentas. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. La magistrada sentó en el banquillo al expresidente Modesto Crespo y la exdirectora general de la caja Dolores Amorós por la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

La jueza Lamela instruyó también el proceso para que dos exdirectivos de la CAM sean juzgados por estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores por la venta de preferentes, pero cerró la causa por la venta de cuotas participadas, en parte. El exdirector general Roberto López Abad y la exresponsable de la información de este producto financiero, Dolores Amorós, fueron declarados responsables de esta venta. Esta causa se incluye ahora en la pieza principal

El juez Gómez Bermúdez, inició la instrucción, que posteriormente siguió Lamelas, del pago de dietas al expresidente de la caja Modesto Crespo -que posteriormente se envió a Alicante-, así como la que está centrada en los negocios que, precisamente a través de la firma TIP (la sociedad inmobiliaria de la caja), montó la CAM en el Caribe. Un proceso en el que no está implicada la CAM sino su exdirector general Roberto López Abad y quien fuera su hombre de confianza en la caja en asuntos inmobiliarios, Daniel Gil, además de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó.

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