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inicio de la vista oral en Madrid

Comienza el juicio contra la excúpula de la CAM en la Audiencia Nacional

El fiscal pide 7 años y medio de cárcel para los exdirectores de la entidad por falsedad y estafa

La defensa pide expulsar a la acusación que representa a quienes compraron cuota participativa

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Modesto Crespo, expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. / MIGUEL LORENZO

Seis años después de que se destapara cómo la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) falseó sus cuentas para ocultar unas pérdidas que le impedían unirse a otras cajas y que permitieron que sus directivos fueran indemnizados con pagas de beneficios, planes de pensiones, prejubilaciones y otros privilegios que no les correspondían, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó este lunes a juzgar a quienes eran sus responsables en los años 2010 y 2011.

El turno para los acusados llegará este martes, después de que el tribunal presidido por Ángela Murillo resuelva las cuestiones previas planteadas por las defensas, que básicamente se centraron en si los titulares de cuotas participativas de la entidad tienen derecho o no a ejercer la acusación en este procedimiento. La cuestión no es baladí, porque la acusación que les agrupa solicita penas de 16 años de prisión para cada uno de los ocho exdirectivos que se sientan en el banquillo, una petición que dobla la más alta formulada por Anticorrupción.

El fiscal sostiene que solo son perjudicados quienes compraron cuotas participativas con cuentas que "no reflejaban la realidad"

El fiscal Luis Rodríguez Sol centró el objeto del juicio en que las cuentas del 2010 y las intermedias del 2011 "no reflejaban la realidad" de la entidad, porque ocultaban que "se habían producido pérdidas" y sostuvo que solo los titulares de cuotas participativas adquiridas en ese periodo que las mantuvieron con posterioridad puedan ejercer la acusación en el juicio, porque fueron los perjudicados por "la intervención de los antiguos administradores". Según los peritos, esgrimió, las cuentas del 2007, el 2008 y el 2009 no fueron susceptibles de causar perjuicios, por lo que no se puede tener como perjudicados a quienes adquirieron productos financieros en esos años.

SIETE AÑOS Y MEDIO 

En su escrito de acusación, en el que no pide pena alguna para el expresidente Modesto Crespo, solicita para los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós siete años y medio de cárcel y multa de 180.000 euros por un delito societario continuado de falsedad de las cuentas en concurso con estafa agravada, o en su defecto, apropiación indebida agravada en concurso con administración desleal.

También solicita esa pena para el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y para el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez. Durante la sesión, la defensa del primero renunció a 19 testigos que había propuesto, lo que puede aligerar el juicio previsto hasta el 21 de julio. El fiscal, además, solicita 10 meses de cárcel y multa de cuatro meses para el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, y un año y dos meses de prisión y multa de seis meses para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Anticorrupción, que cifra en 20,1 millones de euros la cantidad indebidamente cobrada por los acusados y que sostiene que deben reintegrar al Banco Sabadell, pide que los titulares de cuotas participativas adquiridas en esos años sean indemnizados. Excluye, en cambio, a quienes adquirieron preferentes, porque entiende que esa pérdida "fue asumida por el Sabadell" cuando se hizo cargo del Banco CAM. 

MAYORES PENAS POR FGD

El Fondo de Garantía de Depósitos, que sí acusa al expresidente Crespo, pide para él, Amorós y Sogorb una pena de nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros por estafa y manipulaciones informativas. Para López y Martínez solicita tres años de prisión y la misma multa por falsedad societaria, informa Efe. En el caso de Sabater, reduce la petición a dos años de cárcel y multa de 81.000 euros como cooperador necesario del delito de falsedad societaria. 

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