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INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Cinco años de rescate autónomico

Hacienda ha aplicado 174.082 millones a rescatar comunidades, un tercio de ello en Catalunya

La Generalitat se comprometió a ampliar horarios comerciales a cambio de financiación del Tesoro

Rosa Maria Sánchez

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en marzo del 2016.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en marzo del 2016. / ARCHIVO / AGUSTÍN CATALÁN

El 2012 fue el año de los rescates encadenados. Semanas antes de que España pidiera a la Unión Europea el rescate del sistema financiero español (en junio del 2012), el Ministerio de Hacienda ya había diseñado el Plan de Pago a Proveedores, para hacer llegar a las comunidades dinero con el que atender las facturas guardadas en el cajón. Poco después, en julio del 2012, vino el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La prima de riesgo estaba por las nubes y aunque el Tesoro tenía que pagar un precio astronómico para pedir dinero en los mercados, al menos lo conseguía; algo que para la mayor parte de las comunidades autónomas era poco menos que imposible. 

El FLA se convirtió en el instrumento de rescate de las autonomías. Hacienda les iba a hacer llegar el dinero que necesitaran para financiar su gasto y refinanciar los vencimientos de su deuda pública, pero a cambio habrían de pasar por el aro. Tendrían que reconducir sus cuentas y garantizar que serían capaces de devolver al Tesoro el dinero que este les había prestado, en un mecanismo de ‘palo y zanahoria’ típico de cualquier operación de rescate e intervención

Después del Plan de Pago a Proveedores (PPP) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el 2012, vino en el 2015 el Fondo Social (para saldar las deudas de las autonomías con los

Solo País Vasco y Navarra han evitado ser intervenidas por Hacienda 

ayuntamientos) y la el Fondo de Facilidad Financiera (FFF, para hacer llegar financiación a las comunidades que sí cumplían al déficit). Toda esta ensalada de siglas ha servido para regar las autonomías con un total de 174.082,70 millones desde el 2012 (un tercio de los cuales han ido a parar a Catalunya) y un ahorro en pago de intereses que Hacienda cifra en 22.062 millones

RESCATE E INTERVENCIÓN DE CATALUNYA

Desde el 2012 al 2017 Catalunya ha accedido a 57.236 millones de los mecanismos extraordinarios de financiación creados por Hacienda con un ahorro total en pago de intereses que el Ministerio cifra en más de 7.500 millones en todo el periodo. 

El Gobierno aprobó una orden para evitar que el FLA pudiera financiar el soberanismo catalán

A cambio, el Govern se ha tenido que someter a la disciplina creciente que ha ido imponiendo Hacienda a todas las autonomías que se han ido acogiendo a los mecanismos de liquidez. Primero fue presentar planes de recortar gastos y lograr más ingresos; luego vino un férreo esquema de envío mensual de datos a Hacienda; después vino la disciplina de los plazos de pago a proveedores; más tarde, la obligación de entrar en el sistema de factura electrónica de Hacienda y algo más recientemente, la adscripción forzosa al protocolo con Farmaindustria para el abastecimiento centralizado de medicamentos y a la regla de gasto sanitario, so pena de no poder ampliar la cartera básica de servicios de salud. 

INTERFERENCIA EN LA RUTA SOBERANISTA

En medio de todo este esquema general, el Gobierno central dio un paso de gigante en la condicionalidad impuesta solo a Catalunya cuando en noviembre del 2015 aprobó una orden ministerial para evitar que la liquidez del FLA pudiera derivarse a actividades relacionadas con la ruta soberanista del Govern, que se revolvió contra esta decisión.

Como colofón a todos estos mecanismos de intervención, Catalunya (y todas las autonomías que se acogieron al FLA del 2016) tuvo que presentar en mayo del 2016 un Plan de Ajuste en el que, además de incluir medidas de ingresos y gastos, tuvo que incorporar un listado de 15 reformas estructurales que el Govern se comprometía a abordar a cambio de financiación. En ese listado de mayo del 2016 se incluyó un compromiso de “flexibilización de horarios comerciales: aumento de festivos de apertura y de horas semanales de apertura para todos los establecimientos”, que el Govern ha encauzado en un proyecto de ley presentado en enero del 2017

También se incluyó el compromiso de una “adaptación expresa de la ley autonómica en materia de colegios profesionales a la normativa básica” que aún no ha tomado forma.

La Generalitat se encuentra así tan atrapada en las redes del FLA que el Govern no ha tenido por menos que reconocer ante los inversores que Catalunya dependerá de la financiación del Gobierno español a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta el 2026, un horizonte difícil de conciliar con la ruta soberanista que propugna el president Carles Puigdemont.

Solo País Vasco y Navarra, con sus ventajosos sistemas de financiación autonómica, no se han visto abocadas a pedir respaldo financiero al Estado. Madrid, que intentó esquivar el dictado de Hacienda, arrastra sin embargo una deuda con el Tesoro de 3.192 millones del Plan de Pago a Proveedores y de la Facilidad Financiera.

¿Desmontar el FLA o perpetuarlo?

Con un nivel de liquidez prestada por el Estado a las autonomías de 174.082 millones hasta el 2017 (el 15% del PIB), el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que se podría considerar el perdón de una parte de esta deuda dentro de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

La Generalitat de Valencia, por ejemplo, argumenta que una parte de sus 38.233 millones de deuda con el Estado se deben al menor nivel de recursos allegados desde el sistema de financiación autonómica. Las comunidades con menor nivel de deuda con el Estado, sin embargo, recelan de la intención de Gobierno de condonar parte de estas cantidades. En esta situación están La Rioja, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Madrid, Aragón o Galicia.

Montoro defiende que la tendencia natural del FLA es la de su desaparición paulatina, a medida que las autonomías puedan acceder a los mercados financieros en buenas condiciones. Hay otras voces en el Gobierno que, sin embargo, defienden las ventajas financieras (ahorros) de mantener un sistema de emisión centralizada para todas las administraciones a través del Tesoro. Según fuentes oficiales eso “exigiría que las comunidades renunciaran a su autonomía financiera”, una cuestión que se antoja casi imposible desde una óptica política.