Cinco años de rescate autónomico

El 2012 fue el año de los rescates encadenados. Semanas antes de que España pidiera a la Unión Europea el rescate del sistema financiero español (en junio del 2012), el Ministerio de Hacienda ya había diseñado el Plan de Pago a Proveedores, para hacer llegar a las comunidades dinero con el que atender las facturas guardadas en el cajón. Poco después, en julio del 2012, vino el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La prima de riesgo estaba por las nubes y aunque el Tesoro tenía que pagar un precio astronómico para pedir dinero en los mercados, al menos lo conseguía; algo que para la mayor parte de las comunidades autónomas era poco menos que imposible. 

El FLA se convirtió en el instrumento de rescate de las autonomíasinstrumento de rescate. Hacienda les iba a hacer llegar el dinero que necesitaran para financiar su gasto y refinanciar los vencimientos de su deuda pública, pero a cambio habrían de pasar por el aro. Tendrían que reconducir sus cuentas y garantizar que serían capaces de devolver al Tesoro el dinero que este les había prestado, en un mecanismo de ‘palo y zanahoria’ típico de cualquier operación de rescate e intervención. 

Después del Plan de Pago a Proveedores (PPP) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el 2012, vino en el 2015 el Fondo Social (para saldar las deudas de las autonomías con los

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ayuntamientos) y la el Fondo de Facilidad Financiera (FFF, para hacer llegar financiación a las comunidades que sí cumplían al déficit). Toda esta ensalada de siglas ha servido para regar las autonomías con un total de 174.082,70 millones desde el 2012 (un tercio de los cuales han ido a parar a Catalunya) y un ahorro en pago de intereses que Hacienda cifra en 22.062 millones

RESCATE E INTERVENCIÓN DE CATALUNYA

Desde el 2012 al 2017 Catalunya ha accedido a 57.236 millones de los mecanismos extraordinarios de financiación creados por Hacienda con un ahorro total en pago de intereses que el Ministerio cifra en más de 7.500 millones en todo el periodo. 

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A cambio, el Govern se ha tenido que someter a la disciplina creciente que ha ido imponiendo Hacienda a todas las autonomías que se han ido acogiendo a los mecanismos de liquidez. Primero fue presentar planes de recortar gastos y lograr más ingresos; luego vino un férreo esquema de envío mensual de datos a Hacienda; después vino la disciplina de los plazos de pago a proveedores; más tarde, la obligación de entrar en el sistema de factura electrónica de Hacienda y algo más recientemente, la adscripción forzosa al protocolo con Farmaindustria para el abastecimiento centralizado de medicamentos y a la regla de gasto sanitario, so pena de no poder ampliar la cartera básica de servicios de salud. 

INTERFERENCIA EN LA RUTA SOBERANISTA

En medio de todo este esquema general, el Gobierno central dio un paso de gigante en la condicionalidad impuesta solo a Catalunya cuando en noviembre del 2015 aprobó una orden ministerial para evitar que la liquidez del FLA pudiera derivarse a actividades relacionadas con la ruta soberanista del Govern, que se revolvió contra esta decisión.

Como colofón a todos estos mecanismos de intervención, Catalunya (y todas las autonomías que se acogieron al FLA del 2016) tuvo que presentar en mayo del 2016 un Plan de Ajuste en el que, además de incluir medidas de ingresos y gastos, tuvo que incorporar un listado de 15 reformas estructurales que el Govern se comprometía a abordar a cambio de financiación. En ese listado de mayo del 2016 se incluyó un compromiso de “flexibilización de horarios comerciales: aumento de festivos de apertura y de horas semanales de apertura para todos los establecimientos”, que el Govern ha encauzado en un proyecto de ley presentado en enero del 2017. 

También se incluyó el compromiso de una “adaptación expresa de la ley autonómica en materia de colegios profesionales a la normativa básica” que aún no ha tomado forma.

La Generalitat se encuentra así tan atrapada en las redes del FLA que el Govern no ha tenido por menos que reconocer ante los inversores que Catalunya dependerá de la financiación del Gobierno español a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta el 2026, un horizonte difícil de conciliar con la ruta soberanista que propugna el president Carles Puigdemont.

Solo País Vasco y Navarra, con sus ventajosos sistemas de financiación autonómica, no se han visto abocadas a pedir respaldo financiero al Estado. Madrid, que intentó esquivar el dictado de Hacienda, arrastra sin embargo una deuda con el Tesoro de 3.192 millones del Plan de Pago a Proveedores y de la Facilidad Financiera.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"\u00bfDesmontar el FLA o perpetuarlo?","text":"Montoro defiende que la tendencia natural del FLA es la de su desaparici\u00f3n paulatina, a medida que las autonom\u00edas puedan acceder a los mercados financieros en buenas condiciones. Hay otras voces en el Gobierno que, sin embargo, defienden las ventajas financieras (ahorros) de mantener un sistema de\u00a0emisi\u00f3n centralizada\u00a0para todas las administraciones a trav\u00e9s del Tesoro. Seg\u00fan fuentes oficiales eso \u201cexigir\u00eda que las comunidades renunciaran a su autonom\u00eda financiera\u201d, una cuesti\u00f3n que se antoja casi imposible desde una \u00f3ptica pol\u00edtica."}}