Revés de un tribunal internacional a España por el recorte a las renovables

El Estado español ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables. España deberá pagar 128 millones de euros a dos firmas internacionales que reclamaban, en total, cerca de 300 millones. El Gobierno estudia recurrir el fallo.

El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que ha contado en el proceso con el asesoramiento de Allen & Overy, indicaron a Europa Press en fuentes cercanas al proceso. Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.

La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en el 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables. Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales del 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en el 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP.

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España. Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años.

EL GOBIERNO ESTUDIA RECURRIR

La respuesta dle Gobierno español no se ha hecho esperar. Ha anunciado que estudia recurrir el laudo y ha insistido en que este fallo "no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante". Según la versión del Gobierno, este laudo "única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo". Para el Ejecutivo, es un pronunciamiento "singular" y por ello considera que no crea un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes".

El Ministerio de Energía recuerda que hasta la fecha, se ha producido "un desistimiento en un arbitraje y, en los dos arbitrajes en materia de renovables que han sido resueltos expresamente, los laudos han dado la razón a España de manera contundente".

Puestos a ver el vaso medio lleno, Energía señala que el fallo "solo" estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes y obliga a pagar a España 128 millones más intereses, frente a los más de 300 millones reclamados. El ministerio considera también que el laudo "no cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en el 2013 y el 2014 que permitió acabar con el déficit de tarifa". 

UNA TREINTENA DE DEMANDAS.

España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.