La inversión en Catalunya cae el 2,7% pese a la promesas de Rajoy

La lluvia de 4.200 millones en infraestructuras para Catalunya hasta el 2020 que anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, empieza a cuenta gotas. El proyecto de Presupuestos del Estado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados incluye una partida de inversión territorializada para Catalunya de 1.149,58 millones que son 32 menos que los presupuestados para el 2016 (1.181,25 millones), el 2,7% menos.

Mal casa este descenso con la promesa que hizo Rajoy a los mismos empresarios catalanes a los que pidió colaboración contra los intentos secesionistas de la Generalitat, dentro de la llamada “operación diálogo” con Catalunya. Montoro ha dicho que la promesa de Rajoy “se sustenta” en el actual proyecto de Presupuestos, si bien no se aplicará de forma plena hasta el 2018.

Desde los ministerios de Hacienda y de Fomento, se han hecho esfuerzos por explicar que la inversión prevista para Catalunya sube si se compara, no con lo presupuestado en el 2016, sino con lo ejecutado a lo largo del año pasado (890 millones). También se ha intentado subrayar que en el 2017 Catalunya ganará peso sobre el total de la inversión regionalizable, al pasar del 10,6% del 2016 al 13% este año. Con el mismo empeño, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha elevado a 1.306 millones la inversión en la autonomía de su departamento y entidades dependientes, aumentando aún más la confusión sobre el alcance de las cifras.  

Esfuerzos en vano para quienes como la diputada socialista Meritxell Batet subrayan que la porción de inversión dirigida a Catalunya quedará en todo caso por debajo del 18%, que es el peso de la economía catalana sobre el total español.

EL ÚLTIMO GRAN AJUSTE

Las magras cifras de la inversión en Catalunya son el eco del último gran ajuste presupuestario con el que el Gobierno de Rajoy pretende poner broche final en el 2017 a la disciplina impuesta por la Comisión Europea sobre las cuentas españolas. Si se cumplen, el déficit público pasará desde el 4,6% del PIB del 2016 al 3,1% previsto para el 2017, antes de situarse en el 2018 por debajo del 3%, que es el límite a partir del cual España podría salir del procedimiento de déficit excesivo (PDE) y librarse de los ‘hombres de negro’ de la CE.

Según Montoro, estas cuentas “impulsan la creación de empleo, fortalecen la cohesión social y refuerzan el crecimiento económico y la competitividad”. El proyecto incorpora una subida del 1% de los sueldos públicos, una amplísima oferta de empleo público y un alza mínima de las pensiones, del 0,25%. Además, según el ministro, estas cuentas deberían contribuir a que “se desatasque la interinidad de la política española”.

El ministro ha hecho un llamamiento a “la responsabilidad de los grupos políticos” para que favorezcan la tramitación de estas cuentas e incluso ha apelado a la abstención del PSOE. El grupo socialista, sin embargo, sigue trabajando en la enmienda de totalidad contra el proyecto cuyo debate está previsto para el próximo 4 de mayo. El objetivo del Gobierno es tener las cuentas aprobadas en la última semana de junio.

INGRESOS Y GASTOS

En conjunto, el presupuesto consolidado del Estado (Estado, Seguridad Social y organismos autónomos)  incorpora un total de gastos por importe de 318.443,70 millones de euros (el 1,3% más que en el 2016) frente a unos ingresos consolidados por un total de 280.211,77 millones (el 2,5% menos que lo presupuestado en el 2016).

El ministro Montoro ha destacado el peso del gasto social, que ha pasado del 53,5% del total en el 2016 al 55,8% en el 2017, impulsado por el aumento de la partida de pensiones, del 3,1%, y de otras prestaciones económicas (+15,55), mientras que el gasto en prestaciones por desempleo baja el 6,6% al calor de la reducción prevista del número de parados.

En la parrilla de gastos consolidados del Presupuesto del 2017 llama la atención el descenso del 10,99% en la partida de infraestructuras infraestructuras, que pasa de 6.049 a 5.392 millones. El descenso se eleva al 21% si se analiza la inversión en infraestructuras del Estado y de los organismos y empresas públicos, que pasa de los 9.545 millones presupuestados en el 2016 a los 7.540 previstos para este año para proyectos en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, costas y medioambiente.   

Del sacrificio en la inversión no se libra ninguna autonomía, salvo Canarias. La comunidad de donde proceden dos de los votos que precisa el PP para la aprobación de los Presupuestos Generales (Coalición Canaria y Nueva Canarias) recibirá 8 millones más de inversión territorializada que lo previsto en el 2016.