Más de 250.000 empleados públicos consolidarán su plaza en tres años

Entre 250.000 y 300.000 empleados públicos podrán consolidar su plaza en los próximos tres años como consecuencia del acuerdo para reducir la temporalidad firmado hoy por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El pacto no supone que se cree empleo en las administraciones públicas, que según los sindicatos, han perdido 360.000 trabajadores por la crisis. Tampoco supone aumento de gasto. Sí permite regularizar la gran bolsa de interinidad que tienen todas las administraciones, que ha sido cuestionada por los tribunales de justicia, que han condenado a las administracions a igualar la indemnización por despido de los interinos a la de los fijos.

El acuerdo deberá ser ratificado por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que deberán poner en marcha las oposiciones para que los actuales internos consoliden sus plazas. El decreto de oposoiciones se aprobará este viernes, de forma prioritaria para el sector de enseñanza con el fin de que los afectados se incorporen a las plantillas al inicio del próximo curso escolar.

El acuerdo tiene por objetivo que la temporalidad baje del 20% al 8% y afectará al 90% de los empleados que actualmente realizan su trabajo de forma interina. El resto de las plazas probablemente se abran a concurso libre.

DISTRIBUCIÓN

Sanidad y justicia son otros sectores con más trabajadores interinos. Las cifras varían y ni el Gobierno ni los distintos sindicatos, ni las administraciones autonómica y municipal son capaces de dar una cifra exacta ni idéntica. Como aproximación, los datos que Hacienda ha puesto en la mesa de negociación señalan que en sanidad hay 144.111 interinos, en educación, 109.785, y en justicia, 9.515. En total, 263.411.

Si la regularización alcanza al 90%, al final del trienio 237.070 trabajadores tendrán consolidada su plaza. De ellos, 129.700 serían de sanidad, 98.807 de educación y 8.564 de justicia.

A ello habría que añadir que el personal de estos servicios no trasferidos  las comunidades autónomas, los de la red hospitalaria militar y las administraciones de justicia de las autonomías que no tienen trasferidos los servicios.

Si se suma a los trabajadores de los servicios sociales y policías locales (en Baleares hay interinos cumpliendo esta función) la cifra total de estabilización del empleo afectaría a entre 269.445 y 299.384 empleados públicos.

SALARIOS Y DERECHOS

El Gobierno y los sindicatos no han logrado un acuerdo en materia de salarios, por lo que el proyecto de Presupuestos recogerá el incremento del 1% que propone el Ministerio de Hacienda. Los grupos parlamentarios presentarán enmiendas en el debate de las cuentas, aunque PP y Ciudadanos, entre otros, se opondrán a todo lo que suponga aumento de gasto

Hacienda aún no ha decidido cómo pagar los atrasos de esta subida que tiene efectos de 1 de enero pasado. Probablemente sea de una sola vez en el mes de julio, ya que hay que esperar a que los Presupuestos sean aprobados por las Cortes en junio.

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Pese a que por primera vez desde la crisis el Ejecutivo ha flexibilizado la negociación en la función pública, el acuerdo no ha sido posible  en los temas de derechos laborales. Por ello, los empleados públicos aún no recuperarán la jornada de 35 horas que tenían  antes de los recortes que impuso el PP en el 2011. Tampoco se les suprimirán los descuentos en la nómina por baja laboral.