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EN LA AUDIENCIA NACIONAL

El juez investiga desinversiones de CX en plena crisis inmobiliaria

El magistrado indaga la posible comisión de delito en 32 operaciones repartidas por España y el extranjero

El instructor todavía no ha fija fecha para la declaración como imputado de Narcís Serra y otros 14 exdirectivos

J. G. Albalat

NARCÍS SERRA Presidente de CatalunyaCaixa entre el 2005 y el 2010.

NARCÍS SERRA Presidente de CatalunyaCaixa entre el 2005 y el 2010. / JUAN MANUEL PRATS / JOAN CORTADELLAS

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, no solo investigará las 32 operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007 por Catalunya Caixa, sino también, según el auto de admisión de la denuncia de la fiscalía, avanzada el miércoles por EL PERIÓDICO, por los acuerdos tomados por la entonces cúpula directiva de la entidad, presidida por Narcís Serra, para desinvertir en los fracasados negocios y que la situación tuviera el menor impacto económico posible para la entidad.

El magistrado, de entrada, se ha declarado competente para investigar y tramitar la denuncia del fiscal Fernando Maldonado por los importantes perjuicios para la caja (721,38 millones) y porque las operaciones bajo sospecha en toda España e, incluso, en el extranjero. Aunque no fija fecha concreta, en su resolución señala que los 15 altos cargos a los que la acusación pública atribuye un delito de administración desleal, serán citados como imputados (ahora investigados).

El juez recoge en su auto el relato de la denuncia y diferencia que las presuntas irregulariades se produjeron en dos periodos temporales con características propias. Entre los años 2000 y el 2007 la caja tomó decisiones de inversión y de "adquisición de compromisos económicos relevantes", en forma compra de solares o de empresas propietarias de los mismos, así como la concesión de “importantes financiaciones desproporcionadas” en relación a su posición o peso accionarial. Una de las operaciones supuestamente irregularidades es la compra por parte de una sociedad participada por la caja de los terrenos de La Seda de El Prat de Llobregat, de unos terrenos en Cerdanyola i Lleida y la reparcelación de un polígono del Puerto de Badalona.

DETERIORO DE ACTIVOS

Entre los años 2008 y el 2013, detalla el magistrado, se acordaron una serie de decisiones para separar a los socios de los proyectos, una vez que "ya era patente tanto la imposibilidad de desarrollar" los planes previstos, como "el deterioro del valor de los activos".

Y es que en abril del 2008 el consejo de administración de CX, según el auto judicial, establece nuevas líneas de actuación "como consecuencia de la situación del sector inmobiliario y la tensión de los mercados financieros". Y, posteriormente, en julio del 2009, acuerda el plan de actuación del Grupo Procam (filial inmobiliaria de la caja) que incluía la reestructuración del endeudamiento bancario, la negociación con los socios externos y la venta de activos.

Los criterios seguidos por la entidad, sostienen tanto el juez como la fiscalía, fueron "evitar que la sociedad participada" para realizar los proyectos se declarase en concurso de acreedores, intentar pagar a los socios en la mayor medida de los posible con los terrenos y no con efectivo y, finalmente, la cancelación de los contratos de gestión con el menor impacto posible.    

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