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La Audiencia Nacional rechaza imponer medidas a Rato y a Blesa

La Sala les atribuye "un comportamiento intachable" y "cabal" que hace innecesarias las garantías

El fiscal pedía para Blesa fianza de hasta 100.000 euros y el CIC, prisión para los dos condenados

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

El fiscal ha solicitado 100.000€ de fianza para Blesa y ninguna medida para Rato. / ATLAS VÍDEO

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido este viernes que no es necesario imponer medida cautelar alguna al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ni a su sucesor, Rodrigo Rato, mientras sus condenas respectivas de seis y cuatro años y medio de cárcel por las 'black' no sean firmes, ya que no aprecia que sus circunstancias hayan cambiado o exista un mayor riesgo de fuga. La misma Sala que les condenó apela a la presunción de inocencia de ambos hasta que el Tribunal Supremo revise la sentencia y destaca que el "comportamiento procesal" de Blesa "ha sido intachable" y el de Rato, "cabal".

El fiscal Alejandro Luzón había pedido al tribunal que impusiera una fianza de entre 75.000 100.000 euros a Miguel Blesa para que pudiera evitar ingresar ya en prisión. Para Rodrigo Rato, ni siquiera solicitó la retirada de pasaporte, al entender que era suficiente garantía que lo hubiera entregado en el procedimiento en el que se investiga su patrimonio. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, sí había reclamado el ingreso en prisión de ambos. La acusación de la CGT pidió el encarcelamiento de Blesa o en su defecto retirada de pasaporte, medida que también extendió a Rato, al sostener que la investigación de los posibles delitos fiscales que haya podido cometer es independiente de la de las tarjetas opacas.

El tribunal ha desoído todas las peticiones y afirma que en el caso de Blesa, además de su comportamiento procesal "intachable", ha de tenerse en cuenta que "sus bienes se encuentran embargados" y que está casado, tiene nietos y se encuentra próximo a cumplir 70 años, lo que "revela inequívocamente un arraigo en su país en todos los órdenes de la vida".

Además, reprocha al fiscal que aludiera a unas diligencias abiertas por blanqueo de capitales a través de sociedades radicadas en las Islas Vírgenes, cuando la vinculación del expresidente de Caja Madrid con esa mercantil se reduce a los años 1992 y 1993, motivo por el que añade que "no parece que con tal dato se puedan extraer consecuencias adversas" para él. El fiscal también recordó que Blesa se enfrenta a una petición de otros cuatro años de cárcel por el caso de los sobresueldos de exdirectivos de Caja Madrid.

En el caso de Rato, el tribunal afirma que "no hay méritos para atender a las peticiones" de las acusaciones de modificar su situación personal, que ha sido de "sujeción al procedimiento a lo largo del juicio oral, siendo aventurado e inconsistente" que esa actitud "vaya a ser vulnerada por la sentencia dictada en su contra". El expresidente de Bankia también está imputado por la salida a Bolsa de la entidad, mientras que Blesa lo está en la pieza de las preferentes.

PETICIONES DE LAS PARTES  

En la vistilla del artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, el representante del ministerio público defendió que los seis años de cárcel a los que fue condenado Blesa son suficientes para que se le imponga una fianza como garantía con la que conjurar cualquier riesgo de que se fugue, lo que entiende que podría darse por su condena de seis años y existir supuestos en que condenados han huido con penas inferiores. 

La acusación que ejerce la CGT, en cambio, había pedido el ingreso en prisión de Blesa o la imposición de la fianza solicitada por el fiscal. En caso de que no se acordara ninguna de estas medidas quería que se les retire el pasaporte tanto a Blesa como a Rato, ya que considera que aunque ya se haya establecido esta medida por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid no se puede depender de esa causa, que se encuentra más atrasada que la de las 'black', donde ya ha habido hasta condena.

Por su parte, la CIC ha argumentado para solicitar el ingreso en prisión de ambos el riesgo de fuga existente en cambos casos, no tanto por las condenas impuestas, de 6 años para Blesa y 4 años y medio para Rato, sino por las otras causas en las que están imputadados.

La Sala de lo Penal hizo pública la sentencia de las 'black' el pasado 23 de febrero en la que condenó a los 65 acusados a penas de cárcel que van desde los 3 meses hasta los 6 años de prisión por delito continuado de apropiación indebida por el uso para gastos personales que hicieron con las tarjetas opacas al fisco.

OTRAS CAUSAS

Tanto Blesa como Rato --a los que el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo consideró que quebraron la lealtad que la caja depositó en ellos por las tarjetas opacas-- están también imputados en otros procedimientos. Rato en la causa en la que se investiga su patrimonio y en la salida a bolsa de Bankia, mientras que Blesa lo está en la pieza del 'caso Bankia' en la que se investigan las preferentes de la entidad.

Blesa también lo está en otro procedimiento abierto por los sobresueldos que percibieron exdirectivos de Caja Madrid, en el que recientemente se ha abierto juicio oral. Rodrigo Rato está siendo investigado por el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con su patrimonio.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la práctica totalidad de los 65 condenados, por su parte, recurrirán en casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Hasta que el Tribunal Supremo no la revise no será firme.

SENTENCIA 

La sentencia de la Audiencia Nacional que recoge la condena de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia y de la que fue ponente la magistrada Teresa Palacios, fundamentó la condena a los 65 beneficiarios en el uso personal que hicieron de las visas que recibieron a su llegada a la entidad nacionalizada y a las que cargaron un total de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.

El tribunal determinó que la práctica nacida bajo un acuerdo del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988 acabó derivando en un sistema con el que se dilapidó el patrimonio de Caja Madrid. En concreto reprochó a los acusados que perpetuaran en el tiempo esta práctica y no la eliminaran y que no era de recibo que estas personas "altamente cualificadas" sostuvieran abiertamente que podían hacer uso de unas tarjetas de empresa integradas en su salario.

Pese al argumentario de los acusados, el tribunal consideró probado que fueron colaboradores de una práctica oculta a los supervisores y señaló especialmente a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, de quienes dijo que se situaban en el "punto de partida de la distracción de fondos de la entidad. "La lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros", precisa la resolución.

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