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LA GESTIÓN DE LAS GRANDES OBRAS

Los constructores piden un nuevo modelo de licitación pública

La patronal del sector propone la creación de una agencia independiente que fije los criterios de contratación

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

Ni el actual modelo de contratación de obra pública en Catalunya ni el volumen de licitación de obras --a la baja desde el 2008-- se adecúan a las necesidades de producción de Catalunya en la actualidad, ni tampoco a las del futuro inmediato. Esa situación ha llevado al sector empresarial a movilizarse para intentar cambiar la situación actual. Tanto la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC) como Foment del Treball, respaldan la creación de un sistema de contratación que eluda el anómalo sistema actual, que no solo da pie a la picaresca y el fraude, sino que ha acabado por paralizar muchas de las obras que se estaban llevando a cabo, lo que unido a la drástica caída de la licitación pública impide cubrir las necesidades básicas de nuesa infraestructuras porque la actividad en el sector se reduce a la mínima expresión. 

Los constructores piden un modelo de licitación que evite las bajadas temerarias de presupuestos, que luego dan origen a modificaciones constantes del prepusupuesto de ejecución, pero que también son una vía fácil para instaurar la corrupción en el sector. De rebote, el sistema puede acabar por la paralización de las obras. "Al menos hay 10 proyectos en Catalunya que están parados en este momento", comenta Joaquim Llansò, presidente de CCOC. Entre ellos, cabe señalar la paralización de las obras del AVE de la Sagrera por un desfase presupuestario de 50 millones. Ante la posibilidad de que los jueces tomen cartas en el asunto, los técnicos municipales prefieren no firmar modificaciones de proyectos para evitar suspicacia, lo que deriva en el bloqueo de los proyectos de construcción. 

Los constructores propone reformar el modelo, mediante "la creación de una agencia de infraestructuras independiente (AIC), con un consejo asesor de composición mixta público-privada, que se encargue de incremente la eficiencia en la planificación y ejecución de la obra pública con un horizonte de 10 a 15 años" , según explica Llansò.

Los contratistas proponen que la función de la AIC debe estar encaminada a actuar como elemento de conexión entre la sociedad y los equipos de los proyectos; participar en la fijación de las directrices y objetivos de las políticas de infraestructuras; priorizar programas y proyectos para seleccionar las inversiones más productivas, sostenibles y socialmente beneficiosas, entre otras directrices.

MODELO INSOSTENIBLE

Consideran las empresas del sector que sin un sistema de licitación lógico, el sector no se recuperará. Desde el 2008 al 2016 se han destruido 250.000 puestos de trabajo directos en el sector y han desaparecido el 54% de las empresas. Durante el pasado ejercicio, la licitación de obra pública en Catalunya descendió un 2% (1.139,5 millones de euros). Por administraciones, la licitación por parte de l Estado cayó un 11%. Se solicitaron anuncios de solicitud de ofertas por un importe de 283.5 millones de euros, de los que 194 (el 68% del total) procedía de organismos con ingresos de explotación propios, como Aena, Adif o autoridad Portuaria de Barcelona. 

Además, una cosa son los presupuestos de inversión que realizan las administraciones, particularmente la del Estado, que, en su mayor parte, se canalizan a través del grupo Fomento, y otra, la ejecución de esas obras. Desde el 2001, la inversión liquidada resulta sistemáticamente inferior a la presupuestada. Destaca el año 2013, en el que el presupuesto estatal alcanzó los 1.267 millones, pero tan solo se liquidaron 675 millones, prácticamente la mitad. "La realidad es que Estado no cumple con las inversiones que plantea", reconoce Llansò.

Por ello, plantean establecer una licitación de obra pública "regular, estable y sostenida en el tiempo", indexada a un porcentaje del PIB (se propone un 2,2%), lo que equivaldría a uno 4.500 millones anuales. Además, se propone que dejen de prevalecer criterios políticos en la licitación mediante un sistema de planificación a largo plazo y establecer los mecanismos que permitan determinar la propuestas más ventajosas, evitando así las ofertas temerarias. aunque no descartan que pueda establecerse un margen de hasta el 30% de rebaja en la licitación.

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