La excúpula de Abengoa irá a juicio por las indemnizaciones millonarias

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este jueves la apertura de juicio oral contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias que recibieron tras cesar de sus cargos en la compañía y a pesar de las dificultades financieras que atravesaba la compañía.

También se sentarán en el banquillo la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia, la exconsejera Alicia Velarde y al expresidente de Abengoa Antonio Fornieles, que acordaron el pago de esas retribución, todos ellos por un presunto delito de administración desleal.

La magistrada requiere a Benjumea, Gracia, Velarde y Fornieles para que presenten de forma solidaria y en el plazo de 24 horas una fianza por responsabilidad civil de 3,4 millones de euros, cantidad que resulta de restar a la fianza de 14.929.200 euros que se le impone al primero (11.484.000 euros que supuestamente cobró indebidamente, más el tercio estipulado por ley) la cantidad ya afianzada por el propio Benjumea, de 11.500.000 euros. En el caso de Sánchez Ortega, la magistrada también le requiere para que en el plazo de 24 horas preste fianza por 1.329.200 euros, cantidad que resulta de restar a la fianza de 5.829.200 euros que se le impone (4.484.000 euros que presuntamente cobró de forma indebida, más el tercio estipulado en la ley) los 4.500.000 que ya afianzó a lo largo del procedimiento. En el caso de no satisfacer tales cantidades, la Audiencia procederá al embargo de bienes para cubrir dichas sumas.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan a septiembre del 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad de Benjumea y Sánchez Ortega, se les concedieron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, unas cantidades que la instructora considera que "no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad" en aquel momento.

Solo dos meses después, el 25 de noviembre, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores, lo que motivó la interposición de acciones legales por parte de los bonistas de la compañía. 

FISCAL

En su escrito de acusación, al que alude la jueza en el auto, el Ministerio Fiscal solicita para Benjumea 5 años de cárcel y multa de diez meses, con una cuota diaria de 300 euros (aproximadamente, 90.000 euros), en tanto que para Sánchez Ortega pide cuatro años y tres meses de prisión y 72.000 euros de multa. Los tres miembros de la comisión, Gracia, Velarde y Fornieles, hacen frente a una petición de tres años y medio de prisión; además, el fiscal del caso, José Perals, reclama que se inhabilite a todos para el ejercicio de cargo en un consejo de administración durante los próximos diez años.

VÍNCULOS TRAS EL CESE

En el auto de procesamiento, Lamela puntualizaba que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon totalmente de Abengoa, ya que un mes después de dejar su cargo, Ortega firmó un contrato de prestación de servicios por el que seguiría cobrando la remuneración que le correspondería como consejero delegado. Por lo que respecta a Benjumea, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo en la misma reunión en la que fue cesado, cargos por los que recibiría una retribución bruta anual de 1.086.000 anual y mantendría su cotización a la Seguridad Social. Estos vínculos suponen que la relación contractual de ambos "no se había extinguido", precisaba la juez, por lo que no cabe aceptar que tuvieran que recibir indemnización alguna.

Según la titular del juzgado central de Instrucción número 3, de lo que se trató es de que "Benjumea recibiera una cantidad de dinero extremadamente importante, máxime en un momento tan delicado por el que pasaba Abengoa, y le fueran respetados el máxime de derechos dentro de la sociedad como sueldo base, medios materiales, cotizaciones y seguros".