Usuarios de las 'black' de Caja Madrid aseguran que no eran conscientes de nada irregular

La mayoría de los acusados por el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid han coincidido en una misma estrategia de defensa: asegurar que desconocían que eran irregulares o ilegales, pese a que algunos de ellos rechazaron su uso por motivos éticos. Los acusados, que cargaron un total de 12,5 millones de euros entre el 2003 y el 2012 a sus visas opacas, han impugnado la famosa hoja Excel, aportada por Bankia (que ejerce la acusación particular), en la que se detallan los gastos a la que niegan su validez jurídica.

En la vigésima tercera jornada de la vista los usuarios procesados han rechazado reconocer a Bankia como heredera legal de Caja Madrid y, por tanto, como perjudicada por los desembolsos. Además, han apuntado al que fuera presidente de la entidad entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro, como el responsable de poner en marcha estas tarjetas cuya naturaleza no varió durante la presidencia de su sucesor, Miguel Blesa.

También han señalado al exsecretario general Enrique de la Torre, por haber instruido a los usuarios en el "libre uso" de las visas. En este sentido, las defensas han argumentado que el procedimiento no se puede centrar en qué gastaron el dinero los acusados sino en quién autorizó las tarjetas.

CALVARIO MEDIÁTICO

Los procesados han coincidido también en otra línea argumental de defensa: denunciar el calvario judicial y mediático al que han sido sometidos en un proceso en el que, según ellos, no se ha podido probar delito alguno.

En ningún caso han reconocido que hubieran cometido ningún delito ni que hubieran sido desleales en su gestión y, en todo caso, solo han aceptado el cobro de cantidades de forma indebida, lo que únicamente implica una multa.

Así, José Antonio Choclán, abogado de José María Buenaventura y Cándido Cerón Escudero, ha apuntado que la clave del juicio es analizar que quien dispone de los bienes sociales es quien autoriza un sistema retributivo y el que los recibe lo hace en calidad de bienes propios, por lo que no se les puede atribuir a los 65 beneficiarios delito continuado de apropiación indebida ni administración desleal.

"Este procedimiento no tendría que haber durado más de cinco minutos y llevamos tres años; nunca tan poco dio para tanto", ha dicho la defensa del exconsejero Beltrán Gutiérrez.

"El carácter retributivo de las tarjetas es indiscutible", ha dicho en la misma línea el letrado de Matías Amat, directivo de Caja Madrid y número tres de Bankia, quien ha valorado además que su defendido devolvió la cantidad gastada con la Visa en cuanto se la pidieron "antes del inicio del proceso" y por tanto su intención no era apropiarse "de un dinero que se le reclamaba".

TRAMPA AL FISCAL

El letrado de Gutiérrez Moliner ha denunciado que Bankia ha tendido una trampa al Ministerio Fiscal en lo que respecta a la prueba pericial presentada a la causa y en la que se desglosa los gastos efectuados por los 65 acusados y ha acusado al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón de sobreactuar y buscar agua en vez de dedicarse a averiguar la verdad.

"Bankia ha dado una apariencia completamente real a pruebas entregadas y cuando el fiscal se ha dado cuenta, tarde, ha visto que la hoja hacía aguas por todas partes. Ha tenido que adornar la falta de evidencias con calificaciones como 'rapiña y pillaje', lo que muestra una falta de fundamento total", ha dicho el letrado.