La Fiscalía alemana acusa al expresidente de Volkswagen por el 'Dieselgate'

El cerco judicial se estrecha sobre Martin Winterkorn. Un año y cuatro meses después de que saliese a la luz que el gigante automovilístico Volkswagen había manipulado hasta 11 millones de sus vehículos con motor diésel, conocido como ‘Dieselgate’, para esquivar la legislación medioambiental, el expresidente de la firma alemana ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de Braunschweig. El ministerio público investigará si fue culpable de fraude, según ha anunciado.

La decisión que afecta al antiguo máximo responsable de la empresa con sede en Wolfsburgo llega después que la justicia haya decidido ampliar la investigación de 21 a 37 personas que podrían haber conocido de antemano el escándalo.

Tras las declaraciones de varios testigos y haber estudiado algunos documentos, la Fiscalía considera que hay “suficientes evidencias” como para pensar que Winterkorn “habría conocido anteriormente la manipulación del software y sus efectos antes de que esto fuese comunicado al público”. Hasta ahora el máximo dirigente del fabricante automovilístico tan solo había asegurado que desconocía lo que sucedía en su propia empresa hasta el setiembre del 2015, cuando estalló y se hizo público el escándalo. Pocos días después de eso presentó su dimisión. Un paso atrás en la cúpula de Volkswagen que no ha evitado que Winterkorn tenga una pensión de hasta 3.100 euros diarios. Con más de 30.000 empleos recortados solo en Alemania para hacer frente a los litigios, los más afectados han vuelto a ser los trabajadores de la casa.

PRIMER ALTO DIRECTIVO ACUSADO

Esta nueva novedad en el caso supone un duro golpe contra Volkswagen. La Fiscalía empezó la investigación apuntando solo a seis personas. En marzo del 2016 se amplió a 17 y en julio hasta 21. Ahora, con la implicación de Winterkorn, la justicia dan un salto al frente y acusa por primera vez a un alto directivo de la poderosa compañía alemana de haber conocido la instalación de un sofisticado dispositivo en sus vehículos para que no detectasen sus niveles contaminantes superior a lo establecido.

Hasta ahora el expresidente de Volkswagen solo había sido señalado como posible responsable de manipulación del mercado ya que, según se investiga, de saber que estaban violando la ley y no haberlo hecho público habría infringido su responsabilidad de comunicar información trascendental a unos inversores de la marca que con la aparición pública del Dieselgate perdieron mucho dinero en las bolsas. La nueva acusación también lo señala por fraude al, presuntamente, no haber reaccionado ante el mayor escándalo de la historia de Volkswagen y haber proseguido esa mala praxis.

Hasta ahora, el Dieselgate le ha costado a Volkswagen 4.300 millones de dólares en Estados Unidos, donde el pasado 11 de enero el fabricante consiguió llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses tras admitir su culpabilidad. En Europa, el gigante automovilístico alemán tiene múltiples casos abiertos y espera la resolución de la justicia francesa, española y alemana entre otras. Este capítulo bochornoso para la industria germánica aún no ha concluido.

EEUU, EL JUICIO MÁS DURO

Si un país ha cargado contra los abusos de manipulación de Volkswagen ese han sido los Estados Unidos. El pasado 11 de enero, tras meses de litigios, negociaciones y mucha presión el fabricante de coches alemán terminó aceptando su culpabilidad en el escándalo del Dieselgate y acordó pagar 4.300 millones de euros en multas. Pero a pesar de este acuerdo entre las partes el juicio a sus malas praxis al otro lado del Atlántico ha sido el principal quebradero de cabeza de la empresa de Wolfsburgo.

Las sospechas contra Volkswagen empezaron en 2014, cuando la Universidad de Virginia Occidental presentó un informe en el que aseguraba que los coches diésel contaminaban mucho más de lo asegurado. A pesar de ser una empresa alemana fue la agencia de protección medioambiental estadounidense (EPA) quien el setiembre del 2015 destapó el escándalo y forzó a la casa automovilística a reconocer que había trucado hasta 11 millones de sus vehículos a través de un software para falsificar los resultados de los controles de emisión de partículas contaminantes, 600.000 de ellos en suelo americano.

Desde ese día Volkswagen ha sufrido una constante hemorragia que ha forzado a la empresa a cambios drásticos para evitar sufrir un golpe devastador. A pesar de que anunció una provisión de 6.500 millones de euros se calcula que la factura estadounidense del escándalo asciende ya a los 20.000 millones.

Mientras Europa avanza más lentamente, EEUU ya ha detenido a un alto ejecutivo de la compañía, Oliver Schmidt, y ha presentado cargos contra otros cinco dirigentes que viven en Alemania y que difícilmente serán expatriados. Violación de la normativa medioambiental y conspiración de fraude contra el Gobierno y sus clientes, dos delitos ya determinados por los tribunales que han dañado muy severamente la reputación del que fue el principal productor automovilístico mundial.

Pero la batalla legal en EEUU va más allá de la casa Volkswagen. Este enero la EPA acusó a otro fabricante, la italo-estadounidense Fiat Chrysler, de cometer actividades ilegales y utilizar un dispositivo parecido al del Dieselgate para permitir que al menos 104.000 de sus coches esquivasen la normativa medioambiental y violasen la justicia.