EEUU acusa a Fiat Chrysler de falsear emisiones de gases en motores diésel

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) pisa el acelerador en los últimos días del Gobierno de Barack Obama y ha dado nuevo aire a la persecución y castigos por el 'dieselgate', el escándalo de falsificaciones de emisiones de gases contaminantes que hasta ahora había sacudido a Volkswagen. Este jueves el organismo público ha acusado al grupo Fiat Chrysler (FCA) de instalar un 'software' secreto que ha permitido que al menos 104.000 coches de dos modelos con motores diésel emitieran gases por encima de los límites legales.

Aunque la EPA no llega a definir ese software como "dispositivo de invalidación" (el aparato ilegal cuya instalación sí atribuyó a VW), acusa a Fiat Chrysler de actividades ilegales. En concreto, afirma que la compañía violó la Ley de Aire Limpio al no informar cuando buscaba la certificación de los vehículos de que en estos había instalados ocho dispositivos auxiliares de control de emisiones (AECD por sus siglas en inglés). Como ha recordado en un comunicado una de las responsables de la EPA, Cynthia Giles, "los AECD de los que no se informa son ilegales" y "no informar de 'software' que afecta a las emisiones en el motor de un vehículo es una violación seria de la ley que puede resultar en dañina contaminación del aire que respiramos".

4.600 MILLONES DE MULTA

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La EPA ha explicado que Fiat Chrysler podría llegar a ser sancionada con más de 44.500 dólares por cada uno de los vehículos afectados ('pick up' Dodge Ram 1500 del 2014, 2015 y 2016 y Jeep Grand Cherokee con motor diésel de tres litros), por lo que la multa podría superar los 4.600 millones de dólares. Y de momento las acciones del Gobierno de Washington ya han tenido como reacción inmediata un desplome en el precio de las acciones, cuya cotización ha sido suspendida momentáneamente en Nueva York cuando caía cerca del 18%, aunque al reiniciarse los títulos han recuperado un 6%.

Fiat Chrysler no parece dispuesta, de momento, a aceptar responsabilidades, algo que sí se ha visto obligado a hacer VW, seis de cuyos directivos y exdirectivos fueron imputados por EEUU el miércoles y que ha acumulado multas y compensaciones a clientes por más de 20.000 millones. En un comunicado de respuesta la compañía se ha mostrado "decepcionada de que la EPA haya decidido emitir una notificación de violación" y ha negado las acusaciones. La automovilística apuesta también por el inminente cambio de poder en Washington, donde el día 20 llega la Administración de Donald Trump, dirigida y superpoblada por negacionistas del cambio climático y opositores a las regulaciones medioambientales. En su comunicado dicen que pretenden "“trabajar con la Administración entrante para presentar su caso y solucionar este tema de manera limpia y justa" y se ha ofrecido a hacer cambios exhaustivos en su 'software' para asegurar que "cumple todos los requerimientos regulatorios”.