Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para Blesa por los sobresueldos de Caja Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj, por un delito de administración desleal continuada en relación con las remuneraciones que percibieron en la extinta entidad financiera, así como en las decisiones tomadas sobre las retribuciones del consejo de dirección.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 45 de Madrid, el fiscal Conrado Saiz solicita además 8,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a pagar solidariamente entre ambos, que deberán ingresar en la cuenta que establezca Bankia o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En enero del 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre el 2007 y el 2010, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época en la que Blesa era el presidente.

El fiscal atribuye a Blesa y a Barcoj la responsabilidad del aumento irregular de las retribuciones, ya que el consejo de administración les responsabilizó de individualizarlas, es decir, de determinar la cuantía para cada uno de sus miembros. El fiscal destaca el "conocimiento y consentimiento" de ambos en el modo de fijación de la retribución variable de los altos directivos, el exceso de aportaciones al plan de pensiones como "gratificación extraordinaria", y los "pagos indebidos en relación con el cese" del entonces secretario, Enrique de la Torre. Este percibió 2,89 millones de euros al cesar en su cargo, por lo que el fiscal lo considera partícipe a título lucrativo y propone que devuelva ese dinero; en ese caso, Blesa y Barcoj verán aminorada su responsabilidad civil en idéntica cantidad.

En diciembre del 2014, el FROB advirtió sobre las supuestas irregularidades, después de encargar una auditoría forense a la empresa Price Waterhouse Coopers. Dos años de instrucción han llevado a la fiscalía a sostener que Blesa incrementó el sueldo de nueve directivos de Caja Madrid el 16% en el 2008 de manera arbitraria, sin tener en cuenta el parecer del consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento de tan solo el 4,5%, que en cualquier caso debía ser respaldado por la comisión de retribuciones.

Blesa, según el ministerio público, no solo incrementó los salarios cuatro veces más de lo pactado, sino que lo hizo sin informar a dicha comisión. En su escrito, Anticorrupción concluye que Miguel Blesa y el resto del comité de dirección de Caja Madrid percibieron entre el 2008 y el 2010 un total de 8,5 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas que repercutieron en la caja cuando eran computables a los directivos, e indemnizaciones por despido. 

Lo que cobraron los directivos

La fiscalía considera indebido el incremento salarial del 2008 que fue aprobado en un 4,5% respecto a la masa salarial a 31 de diciembre de 2007 cuando eran 10 los miembros que integraban el comité de dirección, hasta alcanzar una masa salarial global de 8.300.000 euros para el 2008. Finalmente, el incremento salarial medio fue de un 16% para los miembros del comité de dirección, una vez que en el 2008 abandonó tal comité uno de sus miembros, y procedieron a repartirse tal incremento entre los demás miembros. Como consecuencia de esta actuación, Caja Madrid abonó indebidamente a los miembros del comité de dirección 2.047.248 euros desde el 2008. 

Con respecto a la retribución variable, se determinaba por tres conceptos: valoración de los resultados del grupo, que suponía el 60% de esa retribución variable; valoración de los resultados individuales o de equipo, que suponía el 30%; y valoración profesional por competencia, que suponía el 10%. En el caso de los miembros del comité de dirección, la retribución variable no estaba sujeta al cumplimiento de objetivos ni al grado de cumplimiento sino que era determinada arbitrariamente por Blesa a propuesta de Sánchez Barcoj para cada uno de los miembros del comité de dirección, "causando un perjuicio económico a Caja Madrid", según la fiscalía, de 1.804.747 euros.

En cuanto al sistema de previsión social complementaria para la jubilación o fallecimiento, en el caso de los miembros del comité de dirección el exceso sobre el límite fiscalmente deducible se incluyó en las nóminas de los años 2007 al 2010 como "gratificación extraordinaria" por lo que la prestación era cobrada anticipadamente sin que se produjese la contingencia o riesgo asegurado. Caja Madrid abonó las retenciones por IRPF para cada uno de los miembros del comité de dirección, lo que causó un perjuicio a la entidad de 1.835.881 euros, según la fiscalía.

La fiscalía también apunta a que en el 2009, cuando fue cesado Enrique de la Torre Martínez como secretario general de Caja Madrid cobró una indemnización con motivo de la finalización de su relación de servicios con la entidad por importe de 4.806.702 euros, lo que fue documentado en un acuerdo de fecha 20 de julio del 2009 entre De la Torre y Sánchez Barcoj. En el cálculo de la indemnización se incluyeron por voluntad de los acusados importes por conceptos que no le correspondían, por lo que cobró un exceso de 2.888.992 euros, al reconocerle indebidamente el plan de incentivo y de fidelización y el Bonus 2010 que no le correspondían.