El 2017 empieza con más pendiente

Enero puede parecer que ya no es lo que era. El inicio del 2017 no es sinónimo de subidas generalizadas en el coste de la vida y los servicios básicos, al igual que sucedió el año pasado y el anterior. De todas formas, hay servicios muy esenciales, sujetos en parte al vaivén del mercado, que no se libran de las alzas, como el recibo de la luz o el gas natural. Y más que triplican el alza de los salarios (1,08% pactado en convenio hasta junio) en un contexto de inflación del 0,7% hasta noviembre. Con todo ello se puede decir que será un año con más pendiente que los anteriores.

De hecho, los costes salariales hasta el tercer trimestre del 2016 registraron un descenso del 0,3%, hasta los 1.804,1 euros, mientras crecen los beneficios empresariales y la economía alcanza una velocidad de crucero superior al 3%. Para el 2017 está previsto que se reduzca la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB). Según todas las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales, incluido el Gobierno. El Ejecutivo español pronostica un crecimiento del 2,5% en el 2017, frente al del 3,2% en el 2016. 

Lo que es evidente es que la crisis ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios. El coste salarial, que en el tercer trimestre del 2008, el último ejercicio de bonanza económica previo a la recesión, era de 1.722,45 euros debería haberse situado en 1.848,19 euros en el mismo periodo del 2016, en vez de en 1.804. Eso significa que se han esfumado más de 600 euros anuales de poder adquisitivo y  esto sucede se compare el periodo de crisis que se compare. Y eso teniendo en cuenta la reducción de las retenciones en el impuesto de la renta (IRPF) por la rebaja del tributo aprobada por el Gobierno. La pérdida de capacidad de compra es evidente y no se recupera todo lo perdido, mientras que los costes de los servicios esenciales no pararon de subir durante una buena parte del periodo, con la excepción del 2015 y el 2016 (dos años con citas electorales).

El único cambio de tendencia en positivo en las retribuciones del trabajo lo protagoniza el salario mínimo interprofesional (SMI), que sube el 8%, hasta 707,60 euros mensuales, gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE. La contrapartida son las pensiones, que se actualizarán el 0,25%. Eso supone que, si se cumplen los pronósticos del Banco de España para el 2017, cederán 1,75 puntos de poder adquisitivo en el 2017, ya que pronostica una inflación del 2%. Y eso se suma al retroceso real de casi medio punto en el año que ha acabado. Los funcionarios también son un colectivo especialmente damnificado por la crisis y la subida salarial está en el aire.        

A diferencia de un año atrás, no hay en el ejercicio que comienza citas electorales programadas en la agenda, aunque sí inicialmente en la hoja de ruta de los partidos independentistas en Catalunya, que barajan comicios hacia otoño. La rebaja del impuesto de la renta (IRPF), cuya segunda fase se implantó en el 2016, ya se ha consolidado y no se ven nuevos recortes en el horizonte más cercano. En las estimaciones remitidas por el Gobierno a Bruselas a principios de este mes, el Ejercutivo pronostica un aumento de la presión fiscal, es decir, del peso de los ingresos tributarios sobre el conjunto de la riqueza que genera el país, del 34,1% en el 2016 al 34,4%. Y ese  cambio, que vienen a ser más de 3.000 millones de diferencia, contrasta con los datos enviados a la Comisión Europea en octubre pasado, en los que estimaba que esta variable se mantendría.  

SUBIDAS IMPOSITIVAS

La tendencia de los impuestos, al menos de los indirectos, será a subir. Los gravámenes sobre las bebidas alcohólicas de mayor graduación bebidas alcohólicasya han aumentado el 5% y los que recaen sobre los cigarrillos y sobre el tabaco para liar, el 2,5% y el 6,8%, respectivamente a raíz de un decreto de medidas tributarias aprobado por el Gobierno el pasado 3 de diciembre. Con ello prevé ingresar 150 millones adicionales. Pero el grueso procede de reformas en el impuesto de sociedades, con el que obtendrán 4.800 millones. La mayor novedad es un tributo nuevo sobre las bebidas azucaradas carbonatadas (refrescos), con el que se esperan recaudar 200 millones y que entrará en vigor durante el ejercicio. Catalunya tiene previsto un gravamen similar en su proyecto de Presupuestos, lo que pronostica un nuevo encontronazo con el Gobierno central.  

Uno de los principales efectos de las medidas tributarias acordadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es la actualización de las bases para los valores catastrales municipales que sirven para calcular el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Este gravamen puede subir al menos el 8% en más de 200 municipios catalanes, del total de 334 que deberán aplicar coeficientes de actualización.

Los mayores aumentos corresponderán a las localidades que no actualizan estos valores desde el periodo comprendido entre 1984 y 1990. En aquellos en los que estos valores no se adaptan desde el 2005 al 2011, la base del IBI en realidad se reduce. En toda España, la medida supone subidas de los valores en casi 1.900 municipios y bajadas en 550. 

OCHO SUBIDAS

Uno de los servicios básicos que no para de subir en los últimos ocho meses es el recibo de la luz. En el último mes del año se ha incrementado en torno al 3%. Así, la factura de un hogar medio (potencia contratadade 4,4 kilowatios y consumo de 250 kw), pasa de unos 60,22 euros a casi 62. De esta forma acumula el octavo mes de subida, que podría reproducirse en el próximo recibo ya comienza el invierno. Este aumento se suma a la de noviembre (+2,3%), octubre (+7,3%), septiembre (+1,5%), agosto (+0,9%), junio (+1,5%) y julio (+8,3%), que suman un incremento superior al 20% desde mayo.

Y todo ello a pesar de que el Gobierno congeló la parte regulada del recibo, tal como ha hecho para el 2017. En todo caso, entre el 30% y 40% del mismo está sujeto a los vaivenes del mercado, con cambios cada hora (24 precios diferentes al día o 720 al mes).

Además, el Gobierno incluyó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día de nochebuena la metodología para calcular la refacturación a unos 13 millones de usuarios, como ya acordó en noviembre, de la tarifa regulada (PVPC) para adaptarse a una sentencia del Tribunal Supremo sobre el margen de comercialización de las eléctricas. La medida afecta a 2014 (desde abril), 2015 y 2016 y puede suponer de unos dos euros por cliente y año, si bien las compañías podrían renunciar reclamarlo a quienes que se pasaron a contratos en el libre mercado, ya que "es difícil reclamar una cantidad pequeña por consumos pasados a una persona que ya no es cliente", afirman.

A su vez ha entrado en vigor la nueva financiación del bono social para los clientes en situación vulnerable, también para adaptarse a un fallo del Tribunal Supremo. Además habrá más de un tipo de descuento para un mínimo de cuatro perfiles de usuarios, de los que tres tendrán derecho a ayudas. En este caso, el decuento en el recibo pasa a ser financiado por todas las comecializadoras, si bien Endesa, Iberdrola y Gas Natural cargarán con casi el 90%.

A su vez se incluye en la ley eléctrica a los clientes más vulnerables atendidos por los servicios sociales y autonómicos entre quienes no podrán ser objeto de cortes de la luz y el recibo será cofinanciado entre estos servicios públicos y las compañías que cargan con el bono social, aunque las aportaciones se determinarán reglamentariamente más adelante. Esta parte para los usuarios más vulnerables no entrará en viogor al menos hasta dentro de tres o cuatro meses.    

Otro coste para las familias que se encarece es el correspondiente al gas natural, que sube el 3,5% para los 1,7 millones de usuarios que tiene la tarifa regulada. En cambio, la factura del agua factura del agua permanecerá congelada, ya que la Generalitat ha decidido rebajar una parte del canon del agua de ATLL, la concesionaria del área meropolitana y otras comarcas adyacentes (4,5 millones de habitantes) para evitar el alza prevista en el contrato de gestión, que repercutiría en un amento de entre el 1,2% a 1,5% en el precio que paga el usuario.

METRO, BUS Y RODALIES

Otra buena noticia es la congelación de los precios del transporte público transporte público en el área metropolitana de Barcelona, que incluyen desde el Metro y el bus a los Ferrocarrils de la Generalitat. Eso significa que el billete simple para una zona seguirá en 2,15 euros; la tarjeta T-10 para una zona y la T-50-30, en 42,50 euros. Además se amplían hasta los 16 años las ventajas de la tarjeta T-12. También quedan congelados los billetes de Rodalies en Barcelona y los servicios regionales de Renfe, así como las tarifas de la Autoridad del Transporte Metropolitano del Camp de Tarragona, Girona y Lleida. 

Por su parte, el peaje de las autopistas en concesión del Estado baja en el 2017 por segundo año consecutivo. El precio medio del peaje en la red de autopistas dependientes de la Administración del Estado bajará una media del 0,4%. Eso supondrá su segundo descenso anual en al menos los últimos 15 años. Esta reducción sigue a la del 0,6% que ya se aplicó al inicio de 2016. Se la circunstancia de el nuevo retroceso en los precios se produce en una etapa de recuperación del tráfico y en un momento en el que el Estado tendrá que hacerse cargo de ocho de ellas, entre estas las radiales de Madrid, tras quebrar las sociedades concesionarias.