El Gobierno reforma el plan de empleo juvenil para no perder fondos europeos

El Consejo de Ministros de este viernes ha dado el visto bueno a una reforma exprés del plan contra el paro juvenil. Aunque el Gobierno justifica la urgencia del real decreto-ley del plan de garantía juvenil por el elevado paro entre los más jóvenes, que supera el 40%, el motivo de peso es evitar una pérdida de los fondos europeos asignados. 

El proyecto de real decreto-ley al que ha tenido acceso este diario establece que concurre la extraordinaria y urgente necesidad derivada del hecho de que "en pocos días concluirá el ejercicio económico 2016 y resulta imprescindible empezar a poner en funcionamiento las medidas recogidas" lo antes posible y "dentro del año 2016 para que pueda tener un adecuado aprovechamiento de los fondos adicionales de la Unión Europea" que fueron concedidos en junio pasado.

De los 2.360 millones ya aprobados por la Comisión Europea para combatir el paro juvenil en España, alrededor de unos 1.200 millones podrían estar en peligro por la escasa utilización de las medidas previstas, según han indicado algunas fuentes. Además, había otros 900 millones como partida adicional que también podía quedar en el aire.   

ENTRADA EN VIGOR ANTES DE QUE ACABE EL 2016

El proyecto se aprobará cuando falta solo una semana para que acabe el año y después de una tramitación en un tiempo récord. Las comunidades autónomas dieron el visto bueno en una reunión el pasado lunes y los agentes sociales, también. Sin embargo, el Ministerio de Empleo tuvo que moverse con celeridad para hacer frente a una rebelión de 12 comunidades autónomas, todas excepto las gobernadas por el PP. Los consejeros de Empleo de esas autonomías se reunieron en una cumbre que se llevó a cabo la semana pasada en Madrid con el fin de fijar una posición crítica con el proyecto de reforma que estaba preparando el ministerio al considerar que no resolvía los problemas de fondo de burocracia y rigidez que han hecho que se hayan inscrito solo 400.000 jóvenes sobre un colectivo potencial de más de un millón de desempleados con un máximo de 30 años. El ministerio intentó desactivar el frente opositor pero tuvo que adaptar su proyecto de reforma incorporando reclamaciones de las comunidades.

Hasta principios de este año, el grado de ejecución del presupuesto asignado llegaba únicamente al 12% de los fondos disponibles debido al retraso en la puesta en marcha de las acciones y a las trabas existentes para que los jóvenes se inscribieran voluntariamente. Actualmente, la cifra de inscritos está alrededor de uno de cada tres jóvenes, según fuentes autonómicas. 

INSCRIPCIÓN DE OFICIO

Entre las principales novedades de la reforma se encuentra la inscripción de oficio en la lista de beneficiarios del plan de garantía juvenil de los jóvenes hasta 29 años que lleven solo un día en desempleo y sin estudiar y no un mes. La inscripción la llevarán a cabo los servicios públicos de empleo y  no los propios jóvenes a través de un farragoso proceso, como sucedía hasta ahora.

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Además, el coste de las bonificaciones por la contratación de estos jóvenes 'ni-ni' irán a cargo del antiguo Inem por lo que se libera a la Seguridad Social de esta factura en un momento delicado para las cuentas del sistema de pensiones.

La 'consellera' de Treball, Dolors Bassa, ha indicado que "las normas que había hasta ahora eran demasiado estrictas porque si un joven trabajaba o estudiaba un día saltaba del registro". Entre las peticiones que hicieron y que fueron rechazadas se encuentra el traspaso pleno de los fondos ya que actualmente hay un 50% cuyo reparto hace directamente el ministerio entre entidades sociales al margen de las autonomías. Para el responsable de Empleo de Balerars, Iago Negueruela, "se ha encontrado una buena solución para dar respuesta a los jóvenes en paro y aprovechar los fondos disponibles".