El Gobierno da la espalda a la vía extrajudicial del PSOE para las cláusulas suelo

El Gobierno no ve con buenos ojos la iniciativa del PSOE de crear un mecanismo extrajudicial para que los bancos devuelvan de forma "rápida, gratuita y sin quitas" a los clientes lo que les cobraron de más mediante las cláusulas suelo hipotecarias. El portavoz socialista de economía en el Congreso, Pedro Saura, se ha comprometido este jueves con ocho asociaciones de consumidores a impulsarlo en la Cámara “en semanas” para evitar que los hipotecados tengan que reclamar en los tribunales, un procedimiento largo y costoso. Pero el Ejecutivo estima que se trata de un asunto privado entre las entidades y sus clientes en el que no puede entrar.

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, dio el miércoles por sentado el acuerdo tras hablar con el ministro de Justicia, Rafael Catalá: "Hemos coincidido en la necesidad de que inmediatamente se establezca un procedimiento para dar una solución extrajudicial a las reclamaciones". Sin embargo, Catalá se desmarcó esa misma noche. "Espero que haya un acuerdo pronto entre los bancos y sus clientes, que se pongan de acuerdo y se ejecute la sentencia”, afirmó antes de confiar en que “no hagan falta pleitos".

El Gobierno, así, prefiere una solución privada, pero no prevé impulsarla. Más claro fue el ministro de Economía, Luis de Guindos. "La de las preferentes (para las que el Gobierno sí estableció un arbitraje extrajudicial) eran una situación diferente, porque eran de bancos nacionalizados. Aquí lo que hay es una relación directa entre los bancos y sus clientes. La administración de justicia pondrá los medios necesarios para hacer frente a todas las reclamaciones", afirmó. "Si los bancos negocian y llegan a un acuerdo privado con sus clientes, el Gobierno no tiene absolutamente nada que decir", remachó.

Los bancos prefieren no pronunciarse sobre cómo cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más allá de señalar que analizarán caso a caso, informa Max Jiménez Botías. El BBVA destaca que corresponde a la jurisdicción nacional determinar cómo hacerlo: “A partir de ahí, a los bancos no les quedará más remedio que cumplir con la ley”. El Tribunal Supremo llevará a un próximo pleno, previsiblemente en enero, la sentencia.

APLICACIÓN JUDICIAL

La Sala Primera del alto tribunal resolverá, en el sentido que marca el dictamen europeo (devolver todo lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca, no desde mayo del 2013 como fijo el propio Supremo), la treintena de causas que tiene paralizadas desde el pasado mes de abril a la espera de que el tribunal europeo se pronunciara. Se limitará a resolver los casos que se le han planteado estableciendo que si una cláusula suelo concreta es ilegal se debe devolver en su totalidad sin limitación temporal las cantidades percibidas. De esta forma, quedará atrás la doctrina que él mismo había fijado en 2013. Al no ser las cláusulas suelo "intrínsecamente ilícitas", no se espera que el Supremo diga, porque no lo suele hacer en ningún caso, cómo deben proceder los bancos a realizar estas devoluciones más que en los casos concretos que estudie.

En cualquier caso, desde Justicia se adelanta que si no existe disposición a llegar a acuerdos extrajudiciales por parte de las entidades bancarias y los perjudicados por las cláusulas suelo tienen que acudir a los tribunales para reclamar las cantidades que consideran que no deberían haber pagado, se reforzarán los juzgados que deban ocuparse del asunto. El reintegro de todo lo cobrado de más supondrá a la banca una factura de unos 4.200 millones de euros, según cálculos del Banco de España, lo que equivale a un 25% del resultado operativo del sector y podría colocar en una situación muy comprometida a muchas entidades, particularmente a las más pequeñas.

SIN ESCAPATORIA

Saura ha criticado que algunas entidades hayan afirmado que a ellas "no les afecta" la sentencia europea, cuando esta es "clara, contundente y concluyente" y afecta a todo el sector. "La cuestión no es tan pacífica como parecía en un momento y como el Gobierno también he entendido que estaba diciendo. No parece que la cuestión sea fácil ni inmediata ni desde luego pacífica", ha advertido.

El socialista, que ha criticado los "muchísimos excesos" de los bancos de los últimos años, ha defendido que las entidades no deben buscar negociaciones con sus clientes para frenar el golpe en sus cuentas. "Los ciudadanos tienen que cobrar todo, no puede haber quitas. Los bancos tienen que pagar. La justicia y la sentencia están de parte de los consumidores", ha sostenido.

PROPUESTA DE ERC

El PSOE ha pedido la colaboración de las asociaciones de consumidores para definir los detalles de ese mecanismo extrajudicial que quiere plantear al Gobierno y, en caso de que este se oponga, aprobar en el Congreso. "La mayoría de las organizaciones de consumidores ve bien la vía extrajudicial. Pero tenemos que trabajar en próximas horas en ese instrumental a plantear en la cámara", ha explicado.

En la misma línea, Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a establecer de forma "inmediata" un mecanismo "rápido, universal, colectivo y eficaz" que garantice la protección de los consumidores, evitando que la carga del proceso recaiga en los clientes afectados. Reclama al Gobierno, así, que inste al Banco de España a definir los mecanismos obligatorios para que los bancos hagan efectivo el cumplimiento de la sentencia e informen de forma a los clientes afectados de los derechos que les corresponden.