La nacionalización del Monte dei Paschi, cada vez más próxima

La entrada del Estado italiano en el banco Monte dei Paschi di Siena (MPS) parece inevitable. El banco considerado de importancia sistémica terminará con más del 50% de su capital en poder publico (actualmente es del 4%), según informan fuentes financieras de Italia. La tentativa llevada a cabo esta semana de recapitalizar privadamente el banco con al menos 5.000 millones de euros se ha parado en torno a unos insuficientes 2.447 millones.

El consejo de administración del banco más antiguo del mundo analiza este jueves la situación en la que se encuentra el MPS, aunque ya este miércoles el Parlamento aprobó en pocas horas de debate un plan extraordinario para la salvación de los bancos al borde de la quiebra con un presupuesto de 20.000 millones, que conllevará la superación del techo previsto para el endeudamiento público. Sin embargo, grandes diarios económicos internacionales como 'Financial Times' o 'The Wall Street Journal' consideran que los bancos italianos en dificultades no necesitarían solo los 20.000 millones sino al menos 38.000. El MPS, que el miércoles sufrió una pérdida récord del 12% en bolsa,  cuenta por sí solo con unos 28.000 millones de créditos dudosos.

PROTECCIÓN PEQUEÑOS ACCIONISTAS

La entrada en el capital del Estado, con acuerdo entre Siena, Roma y Bruselas permitiría asegurar la liquidez del banco y proteger a los pequeños inversores, para proceder seguidamente a un aumento del capital, que se prolongaría por algunos meses, según el plan elaborado por el Ministerio de Economía. El decreto para la intervención pública en el MPS ya está listo y podría entrar en vigor de manera inmediata. El BCE había indicado el 31 de diciembre como fecha tope para resolver la situación, lo que tendría lugar con la intervención del Estado, aunque no resolvería definitivamente la situación del banco, que no tendría lugar hasta mediados del 2017.

VOLUNTAD POLÍTICA

El intento de salvar el banco con inversores privados no ha fructificado. Ha conseguido solo 1.000 millones de euros procedentes de los pequeños ahorradores del mismo banco, por lo que no ha alcanzado los 2.500 millones esperados. El fondo soberano de Catar, que en la primera parte del intento había manifestado gran interés por entrar en el MPS, no ha sido la solución. Fuentes bancarias de Siena han explicado que ya el pasado martes se estaba vislumbrando "una fuerte voluntad política para una solución pública y no privada".

IMPACTO

El ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, se negó este jueves, poco después de que el Parlamento aprobase el fondo de rescate de 20.000 millones, a "facilitar evaluaciones específicas sobre bancos singulares", aunque subrayó que el Gobierno presta la máxima atención a "la tutela de los ahorradores" , teniendo en cuenta las normas europeas sobre ayudas estatales y las directivas bancarias actuales. El impacto sobre los clientes "será mínimo", subrayó el ministro.

SITUACIÓN POLÍTICA

La situación política que vive Italia tras el 'no' a la reforma de la Constitución ha contribuido a frustrar una inversión de 1.000 millones por parte del fondo soberano de Catar de la que dependía el plan de recapitalización del banco toscano. Como resultado, la venta de acciones de nueva emisión y la operación de canje de deuda han suscitado muy poco interés en los mercados financieros. La entidad ha señalado este jueves que su posición de liquidez --10.600 millones de euros-- podría agotarse en cuatro meses, frente a las estimaciones anteriores que aseguraban la operatividad del banco durante un periodo de once meses. Esta situación, ha provocado que las acciones del banco se hayan depreciado en la Bolsa de Milán hasta alcanzar el nivel de los 16,30 euros, lo que implica una depreciación del 87% en lo que va de año después de una reorganización del capital que recoge que una acción nueva representa a 100 antiguas.

Las nuevas normas introducidas por Europa a raíz de la crisis financiera para proteger a los contribuyentes prevén que los inversores de un banco con problemas deben sufrir pérdidas antes de que se pueda recurrir a dinero público.