25 sep 2020

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El Gobierno forzará a todas las eléctricas a pagar el bono social

Nadal estudia modificar la ley para evitar la discriminación que señaló el Tribunal Supremo

El ministro de Energía se reunirá este jueves con los grupos para «mejorar» esta ayuda

Pilar Santos

Mariano Rajoy, junta a Jorge Moragas (centro) y Álvaro Nadal, en una foto de archivo.

Mariano Rajoy, junta a Jorge Moragas (centro) y Álvaro Nadal, en una foto de archivo. / Javier Lizón (EFE / JAVIER LIZÓN)

El Gobierno cambiará la ley que regula el bono social para que las eléctricas sigan haciéndose cargo de su financiación. Según ha podido saber este diario, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, quiere modificar la norma para evitar la discriminación que señala la sentencia del Tribunal Supremo conocida el mes pasado y que ha supuesto un varapalo a la ayuda que reciben los consumidores más vulnerables.

El alto tribunal denunció en el fallo que es injusto que la ley actual obligue solo a los grupos empresariales que tienen negocios en los tres eslabones de la cadena de la luz (producción, distribución y comercialización) a financiar el bono social. Es decir, hasta ahora, han sido las cinco grandes (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y EON) las que se han hecho cargo del descuento del 25% sobre la factura de los consumidores en situación de necesidad. Las dos grandes ‘beneficiadas’ con el actual redactado de la ley y que ahora, si el Ejecutivo cambia la norma para evitar esa ‘discriminación’, también tendrán que pagar son Acciona y Red Eléctrica.

Nadal tiene previsto abordar este asunto este jueves en una reunión en el Congreso con los portavoces de Energía de todos los grupos. El ministro les invitó a hacerlo durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, donde dijo que el bono social “ha sufrido un serio ataque” con la sentencia del Supremo y es “muy urgente solucionarlo”. “Vamos a abrir un debate a partir de mañana para ver cómo lo podemos mejorar, pero ya, urgentemente, vamos a darle financiación”, declaró Nadal. 

En la reunión con los partidos, el ministro también quiere abordar el caso de Reus y cómo mejorar la coordinación entre las autoridades y las compañías

Desde el 2014, las eléctricas han dedicado unos 500 millones de euros a financiar este sistema, del que se benefician 2,42 millones de hogares, unos 7 millones de personas. Tienen derecho a pedir el bono social los consumidores que cumplan alguno de estos requisitos: tengan una potencia contratada inferior a 3 kilowatios en su vivienda habitual, sean pensionistas de más de 60 años y tengan una prestación mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, sea familia numerosa o formar parte de una familia con todos sus miembros en paro.

INCIDENTE DE NULIDAD

Ante la sentencia del Supremo, el Gobierno ha presentado un incidente de nulidad, que deberán resolver los tribunales. Según el ministerio, es urgente el diálogo entre los grupos para evitar que se produzcan los efectos de la sentencia y que el resto de consumidores o el presupuesto público se hagan cargo de su financiación.

En la reunión en el Congreso, Nadal quiere abordar otro segundo asunto relacionado con la pobreza energética: la interrupción del corte eléctrico. La muerte de la anciana de Reus en un incendio debido a las velas que tenía que usar por tener la luz cortada por impago ha ayudado a espolear a todos los partidos políticos. El ministro destacó este miércoles que las competencias para coordinar la ayuda a las personas más vulnerables están transferidas pero señaló que es necesario estudiar de qué manera se puede “mejorar la interrelación” entre la capacidad que tiene el Estado y la que tienen las comunidades.

LA INACCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

Un análisis que no comparte el PSOE, cuya portavoz en esta materia, Pilar Lucio, denuncia que si las competencias están “transferidas” es por “la inacción del Gobierno central”. “Necesitamos una ley nacional y esperamos contar con todos”, declaró Lucio.

Según fuentes de Energía, en una segunda fase Nadal quiere entrevistarse con las comunidades autónomas que han regulado esta materia, hacer “una puesta en común” y ver qué sistema funciona mejor. El ministro considera que el modelo de Catalunya “está muy bien hecho”, aunque añadió que habrá que averiguar qué falló en el caso de Reus. “Es un caso extremo de vulnerabilidad que no tenía que haber ocurrido”, afirmó.