El fiscal se vuelve a oponer a imputar a Fernández Ordóñez por Bankia

El fiscal Alejandro Luzón se ha vuelto a oponer a que la Audiencia Nacional investigue al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y otros altos cargos del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por su actuación durante la salida a bolsa de Bankia en julio del 2011. El juez instructor, Fernando Andreu, ya siguió su criterio en una petición anterior similar, pero la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) lo ha vuelto a pedir después de que se desvelase que José Antonio Casaus, entonces jefe de inspección de BFA-Bankia, había advertido a sus superiores repetidas veces de que el grupo era inviable.

Luzón argumenta su postura en que los correos de Casaus a sus superiores "no aportan evidencia de que los funcionarios del Banco de España o de la CNMV participaran dolosamente por omisión en el delito que se investiga en estos autos y que equivaldría a admitir que dichos funcionarios contribuyeron consciente, voluntaria y materialmente" en las pérdidas que sufrieron miles de inversores. "Más bien al contrario": las autoridades optaron por aprobar la salida a bolsa propuesta por los gestores para evitar nacionalizar el banco con 5.775 millones de ayudas (ya se habían aportado 4.465 millones y la factura final ascendió a 22.424 millones en el 2012).

El representante del Ministerio Público admite que la opinión del inspector sobre la viabilidad del grupo era "muy fundada" y "que el tiempo la ha revelado atinada", pero matiza que "no es la única y no parece lícito convertir en sospechosos de la comisión de un delito a quienes entonces discreparon". Así, recuerda que Casaus apostaba por vender el banco a un tercero ("no era, no fue, posible") y que como segunda opción proponía sacar todo el grupo a bolsa (incluida la matriz BFA), lo que hubiera "agravado el problema" ya que Bankia, según el propio funcionario, era viable, pero no así su cabecera.

CUENTAS CIERTAS

Luzón también esgrime que en la causa se investiga si las cuentas que presentó al mercado para salir a bolsa era falsas. En este sentido, recuerda que el inspector "no advierte en sus correos, ni dijo tampoco en el juzgado que las cuentas fueran falsas o estuvieran manipuladas". Y va más allá. "Antes al contrario, en uno de los correos se comenta la existencia de fondos genéricos y específicos sin asignar por más de 3.000 millones de euros", destaca para contraponerlo a lo defendido en su día por los inspectores del Banco de España que actúan como peritos del juez y negado por el propio supervisor.

"Las palabras de Casaus son significativas. Una cosa era el futuro del grupo, que juzgaba incierto, y otra distinta la contabilidad, que compete al consejo de administración de la entidad y a su auditor externo, no al Banco de España, que no discute", sostiene Luzón. La aprobación de la salida a bolsa por parte de las autoridad, concluye, "se hizo sobre la base de unas cuentas que recogían los requerimientos de cobertura del Banco de España y que el equipo inspector, recordemos de nuevo, no cuestionaba".

Además de Fernández Ordóñez, la acusación popular ha pedido que se impute a Fernando Restoy (actual subgobernador y entonces vicepresidente de la CNMV), Julio Segura (expresidente de la CNMV), Pedro Comín (entonces superior de Casaus), Mariano Herrera (entonces coordinador ejecutivo de la inspección del Banco de España), Pedro González (exdirector del departamento de cajas del supervisor), Jerónimo Martínez (exdirector de inspección) y Javier Aríztegui (entonces director de supervisión).