Exaltos cargos de Catalunya Caixa, camino del banquillo por aprobar retribuciones "desproporcionadas"

La Audiencia de Barcelona ha rechazado los recursos presentados por 41 imputados y exaltos cargos de Catalunya Caixa por aprobar "desproporcionados" aumentos retributivos pese a la "real situación de insolvencia de la entidad". Con esta decisión, los magistrados confirman la conclusión de la investigación dictada en su día por el juez instructor y deja a los imputados, entre ellos Narcís Serra, presidente de la entidad entre el 2005 y el 2010 y exvicepresidente del Gobierno socialista, a las puertas de juicio. Ahora, el fiscal y las acusaciones deberán presentar sus escritos de acusación. La fiscalía presentó una querella contra varios directivos de la entidad en el 2013.

La resolución de la Audiencia de Barcelona sostiene que se "desprenden indicios suficientes para atribuir" a los imputados el delito de "administración desleal" y que se concretan en los acuerdos que durante el 2010 fueron adoptados por los acusados, en su condición de miembros del consejo de administración de Caixa Catalunya. Según los magistrados, los que fueran altos cargos de Catalunya Caixa, "con aparentemente abuso de su cargo y en perjuicio de la entidad", aprobaron incrementos de las retribuciones salariales de sus máximos directivos "que no eran acordes a la situación real de la entidad y al entorno de la grave situación económica por la que atravesaba".

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De los documentos aportados a la causa, según el tribunal, se "infiere" que en aquel momento "la situación real" de Catalunya Caixa era "especialmente delicada. Desde el año 2007 al 2009, sus beneficios se habían reducido considerablemente y en el 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a más de 1.300 personas, ampliándose posteriormente a 300 personas más. El Banco de España, subraya el fallo judicial, para garantizar la viabilidad de la entidad autorizó la fusión de tres entidades: Caixa de Catalunya, Caixa de Tarragona y Caixa de Manresa y precisó de recursos por valor de 1.250 millones de euros, cuantía que anticipó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROP).

En este contexto, detallan los magistrados, las retribuciones de los máximos directivos de Catalunya Caixa, Adolfo Todó Rovira, en su condición de director general, y Jaume Masana Ribalta, como director general adjunto, aumentaron "considerablemente" en "perjuicio de los intereses de la entidad" y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y del FROB.

INCREMENTOS SUSTANCIALES

En el contrato inicial con Catalunya Caixa (posteriormente ratificado por la nueva entidad resultante de la fusión) se establecieron cláusulas por rescisión anticipada, de prejubilación, retribuciones variables y pagos en pensiones mediante pólizas que suponían importantes retribuciones económicas. De esta forma, según el auto, Todó experimentó un incremento de su salario fijo en tres años de 212.000 euros y, en cuanto a la retribución variable, se aumentó del 35% fijado en su contrato al 50% del salario fijo. Esta modificación de condiciones se derivó del acuerdo del consejo de administración del 19 de enero del 2010. Igualmente Jaume Masana, destacan los togados, "vio incrementado" su salario fijo, así como su retribución variable, que aumentó del 35% al 45% por acuerdo del mismo consejo de administración.

Posteriormente, una vez producida la inyección de dinero público, agrega la resolución, por acuerdo del consejo de administración del 13 de octubre del 2010 se aprobó otra subida salarial para el año 2011 de los miembros del comité de dirección de la entidad, previendo un aumento para Todó de 800.481 euros a 812.501 euros y para Masana de 598.428 a 601.201 euros.

La Audiencia de Barcelona destaca que estos hechos, "sin perjuicio del necesario debate contradictorio en el juicio oral", justifican que la causa penal continúe, pues "a primera vista" la conducta de los imputados reúne los "elementos objetivos de tipificidad" que exige el "ilícito penal. Los magistrados, por lo tanto, avalan la conclusión de la investigación y desestiman la petición de archivo. 

Según la querella de la fiscalía, los miembros del consejo de administración denunciados incurrieron en un delito de "administración desleal" al aprobar aumentos retributivos y garantizar indemnizaciones a los ejecutivos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

El elevado número de consejeros imputados se debe a que en noviembre del 2010 se integraron los consejos de administración de las tres cajas fusionadas -Catalunya, Tarragona y Manresa- y provisionalmente se mantuvieron a todos los representantes de los órganos de gobierno de esas entidades hasta que se depuró su número al constituirse la entidad en un banco.

En su declaración judicial de octubre del 2013, tanto Narcis Serra como Adolf Todó defendieron la legalidad de los aumentos salarias y alegaron que esta medida estaba avalada por los informes jurídicos externos y del Banco del España, que no puso reparo alguno. Serra calificó el incremento de las remuneraciones de "legal, leal y conveniente". Ante el juez Serra afirmó: "En la calle me han llamado ladrón".