Bruselas propone armonizar el impuesto de sociedades

El último intento por crear una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades en la Unión Europea se produjo hace un lustro pero ha terminado bloqueado en el Consejo por la oposición de varios gobiernos europeos. El Ejecutivo comunitario ha vuelto este martes a resucitar el proyecto con una nueva y ambiciosa iniciativa con la que pretende poner coto a la ingeniería fiscal de la que se aprovechan las grandes empresas para reducir al mínimo sus contribuciones y mejorar la transparencia fiscal.

Según la Comisión, las normas actuales no encajan en un contexto moderno. “En general, los ingresos  de las empresas se gravan a nivel nacional pero el entorno económico se ha globalizado, se ha hecho móvil y digital. Los modelos de negocio son más complejos y es más fácil mover los beneficios”. Además, las divergencias nacionales han permitido durante años que las planificaciones fiscales agresivas florezcan, tal y como ha quedado patente con los últimos escándalos de fraude fiscal, ya que las reglas están redactadas sin tener en cuenta la dimensión transfronteriza de las actividades lo que genera problemas tanto de doble imposición como de no imposición.

El nuevo paquete nace con la idea de responder a esas lagunas para que las empresas paguen allí donde generan sus beneficios y se eviten conflictos de interés entre las haciendas públicas de los 28. La propuesta no aspira a armonizar el impuesto de sociedades –que oscila entre el 10% de Bulgaria y el 38% de Francia- pero sí a establecer parámetros comunes para calcular la base imponible. "El que todos los Estados apliquen las mismas reglas para calcular sus impuestos hará la vida más difícil a los evasores fiscales", sostiene el vicepresidente Valdis Dombrovkis.

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La novedad del nuevo paquete radica en que la estrategia se aplicará en dos fases para esquivar el bloqueo de los gobiernos. "Debería hacer más manejable el proceso de negociación, facilitar unas discusiones constructivas y lograr un acuerdo rápido sin reducir la ambición", esgrime el comisario Pierre Moscovici. En una primera etapa se creará una base común con criterios comunes para calcular la base imponible, el primer paso para avanzar hacia una cierta armonización fiscal. Así habrá menos lagunas y las multinacionales tendrán más dificultades en encontrar las brechas que les permitan tributar menos de lo que deberían. Todos los beneficios serán gravables, salvo que expresamente queden exentos, habrá superreducciones para apoyar la I+D y una ventanilla única que permitirá ahorrar un 2,5% en costes burocráticos.

Bruselas ha optado, en cambio, por dejar para una segunda etapa la parte más polémica y ambiciosa del paquete: obligar a las grandes empresas a consolidar sus resultados –beneficios y pérdidas- en una sola sociedad de forma que haya total transparencia sobre cuántos ingresos tienen o cuantos impuestos pagan en la UE. La idea es hacer obligatoria esa base a las empresas con unos ingresos consolidados anuales de al menos 750 millones lo que permitirá captar al 64% de las compañías que hacen negocios en Europa, especialmente aquellas que operan de forma transfronteriza. Para las más pequeñas será voluntaria.

ESCÁNDALOS DE FRAUDE FISCAL

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Detrás de este nuevo intento se encuentran los escándalos fiscales descubiertos a raíz de investigaciones periodísticas como los recientes papeles de Panamá o Luxleaks, que destapó la existencia de centenares de pactos fiscales secretos entre la hacienda luxemburguesa y multinacionales para canalizar a través del Gran Ducado sus beneficios y minimizar al máximo el pago de impuestos. Estos acuerdos ya están siendo investigados por la Comisión Europea que ha exigido hasta ahora la devolución de impuestos no pagados a empresas como Fiat, Starbucks o Apple. El más destacado es el de el gigante tecnológica a quien Bruselas pide que devuelva 13.000 millones en impuestos no pagados en Irlanda.

Casos como estos han generado una enorme contestación social y han llevado a la Comisión Europea a intentar legislar de nuevo sobre un asunto que siempre genera polémica entre los Estados dado que requiere de la unanimidad para ser aprobado. Esto ha permitido que países como Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo o Malta bloqueen iniciativas en este terreno para mantener unos sistemas que les siguen saliendo muy rentables. La isla mediterránea por ejemplo utiliza los incentivos fiscales para atraer a grandes compañías que pueden ver reducida su factura fiscal hasta el 5% en algunos casos.