La acusación popular pide que Fernández Ordóñez declare por la salida a bolsa de Bankia

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, ha solicitado que declaren como investigados el gobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Fernando Restoy, y el expresidente de la CNMV, Julio Segura.

En un escrito la CIC, dirigida por Gonzalo Postigo, señala que estas declaraciones son pertinentes tras conocerse los correos electrónicos remitidos por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus, que demuestran "el perfecto y cabal conocimiento que la jefatura del Banco de España tenía sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia".

Asimismo, los correos al parecer han puesto en evidencia "las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a bolsa de la entidad, tanto a los titulares de subordinadas y preferentes como a los propios accionistas y, finalmente, el quebranto al contribuyente, que se llega a cifrar en 15.000 millones de euros".

INVESTIGADOS

Junto a ellos, la CIC solicita que comparezcan como investigados, (lo que antes se conocía como imputados) el exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui, el exdirector de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello; Mariano Herrera; y Pedro González, todos los cuales ya han declarado anteriormente como testigos, así como Pedro Comín, el superior de José Antonio Casaus en la labor de inspección de Bankia.

RECEPTOR DE LOS CORREOS

Comín fue el receptor de los correos electrónicos enviados entre los meses de abril y mayo por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus --quien prestó declaración en calidad de testigo el pasado 5 de septiembre-- y que cuestionaban la viabilidad de la entidad nacionalizada por sus "muy graves y crecientes problemas de rentabilidad".

Dichas comunicaciones, que fueron adheridas a la causa por petición de la CIC y que vinieron a confirmar la versión expuesta ante el magistrado por parte de Casaus, "no solo desaconsejaba encarecidamente la salida a bolsa sino que expresaban reiteradamente advertencias sobre la inviabilidad de la estructura societaria diseñada y el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas", reza el escrito de la CIC.

NUEVOS TESTIGOS

La acusación solicita además que se cite a declarar en calidad de testigo a la jefa de División de expedientes Sancionadores y Colaboración con los Órganos Judiciales del Banco de España, María Ortega Diego, para explicar por qué no constaban dichos correos en la información remitida al magistrado instructor, y al corresponsable del equipo de seguimiento de BFA-Bankia del Banco de España.

Esta última se solicita en virtud de la exposición que hizo Casaus ante el magistrado que instruye la causa desde 2012, a quien explicó que en septiembre de 2011 llegó otro compañero que se hizo corresponsable del equipo de seguimiento y que asumió las funciones de riesgo de crédito en el Banco de España.

Además CIC solicita que se libre atento oficio al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre Casaus y Comín y el resto de los miembros del Departamento de Supervisión del Banco de España, desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012.

Casaus, que en su escrito remitido al magistrado el pasado 11 de octubre aclara que se refiere en todo momento al Grupo BFA-Bankia, vaticinó que al final el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendría que convertir su deuda en acciones del BFA y responder frente a los tenedores de subordinadas y preferentistas.ankia.- CIC solicita de nuevo que se impute a MAFO, Restoy tras los correos que advertían de insolvencia.