El Congreso aprueba la reforma que permitirá elevar los objetivos de déficit autonómicos

Las comunidades autónomas tienen al alcance de la mano lograr este año una mayor financiación del Estado para pagar las facturas y poder empezar ya a confeccionar sus presupuestos del 2017 con un mayor margen de déficit, cuya concreción sin embargo no se conoce aún.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del grupo  para reformar el artículo 15 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria de modo que un Gobierno en funciones pueda fijar nuevos objetivos de déficit y de deuda de los diferentes niveles de la administración (Estado, autonomías y corporaciones locales). 

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

De no salir adelante esta reforma (cuya tramitación parlamentaria urgente se prevé culminar la semana próxima), y suponiendo que el Gobierno siguiera en funciones, las comunidades autónomas tendrían que ceñirse este año a un objetivo de déficit del 0,3% del PIB (en lugar del 0,7% previsto). En consecuencia, no podrían lograr que el Estado financiara a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) las cuatro décimas adicionales de mayor margen (4.400 millones de euros) que Hacienda está dispuesta a otorgar a las autonomías este año, después de que la Unión Europea haya concedido a España elevar el objetivo de déficit del 2016 desde el 2,8% inicial al 4,6% (casi 20.000 millones más). 

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Con esta reforma, un Gobierno en funciones también tendrá capacidad para reasignar entre los diferentes niveles de la administración el nuevo objetivo de déficit del 3,1% para el 2017 (frente al 1,4% inicial). Hacienda no ha desvelado cuál será la propuesta de déficit autonómico para el año próximo que someterá a la consideración de un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el mes de noviembre. Inicialmente, el objetivo autonómico para el 2017 se estableció en el 0,1% del PIB si bien en abril el Gobierno en funciones planteó subirlo al 0,5%.

Este martes, la proposición de ley ha recibido los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria. En contra se han manifestado los diputados de del Partit Demócrata Català y de Esquerra Republicana, así como Bildu y Compromís, mientras que Podemos y PNV se han abstenido.