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lucha contra los excedentes indeseados

Más de 300 empresas se conjuran contra el derroche alimentario

Firmas del sector agroalimentario participan en el proyecto de Aecoc donan a entidades benéficas el 32% de los productos no vendidos

Eduardo López Alonso

El Gran Recapte dAliments, en el Mercat de la Concepció de Barcelona, en una edición anterior.

El Gran Recapte dAliments, en el Mercat de la Concepció de Barcelona, en una edición anterior. / FERRAN NADEU

La lucha contra el desperdicio de alimentos tiene abierto un frente empresarial. Ya hace cinco años, la asociación multisectorial de empresas Aecoc se propuso impulsar entre sus asociados soluciones al problema. Entonces, un centenar de grandes compañías suscribieron un acuerdo que llegaba en plena crisis y que suponía un balón de oxígeno para muchas familias en dificultades y solución a problemas crecientes de productos sin vender para empresas de distribución e industrias del sector agroalimentario.

Cinco años más tarde, al acuerdo inicial se han sumado ya 300 grandes empresas y se espera que lleguen a más de 350 este año. No se conocen cifras exactas, pero dado el peso económico de los adheridos a nadie extraña que supongan el 80% de cuota del mercado agroalimentario español las empresas que ya están aplicando medidas correctoras. Así lo intuye la directora del programa contra el desperdicio alimentario de Aecoc, Nuria de Pedraza, que resalta que en cinco años los excedentes destinados al banco de alimentos se han incrementado el 6% gracias al impulso de las firmas de la iniciativa de Aecoc.

POR LEY O VOLUNTARIAMENTE

El 32% de los productos no comercializados por las empresas adheridas al programa se donaron a entidades benéficas. "España fue el primer país europeo en el que las empresas se pusieron de acuerdo para ofrecer soluciones al desperdicio alimentario", explica De Pedraza, mientras que en países como Francia o Italia, el camino se está haciendo de manera distinta, mediante la implementación de normas legales. 

SOLUCIÓN, CADUCIDADES MÁS CORTAS

Grandes grupos de distribución como Mercadona, Carrefour o Caprabo destinan sus excedentes a entidades benéficas. Pero también entre las pymes se hacen esfuerzos en esa línea, tanto entre productores frutícolas, de carne o de productos elaborados. Un ejemplo es Roler, firma cárnica que ha desarrollado un ambicioso proyecto para reducir el despilfarro alimentario. En esa línea, figura el proyecto de implementar caducidades más cortas, "lo que facilitaría la buena planificación y la gestión eficiente de los pedidos", afirman en Roler, así como la simplificación de referencias (menor diversidad de envases y presentaciones). Esta firma asegura que ha conseguido donar más del 41% del producto no comercializado para el consumo y destinar el 55% a procesos de reaprovechamiento, según Manel Martínez, director de medioambiente de Roler. 

LAS OPCIONES

Las líneas de trabajo de todas las empresas con excedentes aptos para el consumo son básicamente cuatro: destinarlos al banco de alimentos; a la alimentación animal; a compostaje agrícola; y para la producción energética. Por áreas, es la industria la que aglutina la mayoría de los excedentes (el 39%), tras el propio consumidor (42%), en gran medida porque se incluye al sector primario que es el que tiende a tener más productos de difícil venta. Agricultores y pescadores, por ejemplo, siempre han desestimado sus productos por su aspecto, por ejemplo, pese a que pueden ser aptos para el consumo. 

LEY DEL BUEN SAMARITANO

Uno de los elementos que más preocupa a las empresas es qué ocurre con sus productos en ese proceso de aprovechamiento, por si puede suponer un problema de seguridad alimentaria con responsabilidad para el donante. Reclaman por ello las empresas que se articule lo que se conoce como la ley del buen samaritano, que en derecho describe el marco legal que protege a los donantes y a los voluntarios, por ejemplo, de ser demandados por una acción altruista en caso de daños inesperados. Para protegerse, actualmente todos los productos donados lo son antes de su consumo preferente, con costes de distribución para el donante, y se distribuyen antes de su caducidad. Por supuesto, el consumo posterior a la fecha de caducidad es responsabilidad del consumidor. 

Las empresas entienden que los costes de no aplicar políticas contra el despilfarro son superiores a los de introducirlos. El derroche es un problema económico, medioambiental y ético del que es difícil escabullirse como empresa. Contra ese problema las firmas agroalimentarias de prestigio se han conjurado. 

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