RECOMENDACIÓN ATENDIDA

Bruselas fuerza a España a acabar ya con los contratos públicos sin publicidad

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ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

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El Gobierno ultima una reforma exprés de la contratación pública para eliminar el procedimiento sin publicidad, primero en el ámbito del Estado y después, en autonomías y ayuntamientos. Esto es al menos lo que el actual Ejecutivo en funciones ha trasladado a las autoridades europeas en el ‘Plan Presupuestario 2017’ remitido a Bruselas.

La idea es atender la reforma exigida por el Consejo Europeo (la última vez, el 8 de agosto) para acabar con el llamado “procedimiento negociado”. Este procedimiento permite adjudicar contratos públicos sin publicidad cuando estos no superan el millón de euros en contratos de obras, o los 100.000 euros, para otros contratos.

“España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros”, expresó el Consejo Europeo en el acuerdo de 8 de agosto de 2016 por el que se decidió rebajar a cero euros la multa a España por el déficit del 2015 y otorgar otros dos años más a la economía española, hasta el 2018, para situar la diferencia entre ingresos y gastos de las administraciones públicas por debajo el 3% del PIB. 

MEDIDA ANTICORRUPCIÓN

La existencia del llamado “procedimiento negociado” puede favorecer algunas prácticas de corrupción en el sector público por la vía de fragmentar grandes contratos en otros de menor cuantía, que no precisen publicidad, para burlar así los mecanismos de control, tal como está poniendo en evidencia estos días el testimonio del acusado Francisco Correa en el juicio de la ‘trama Gurtel’.    

El Gobierno en funciones ha ultimado una modificación en el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público “suprimiendo el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, configurando un nuevo procedimiento de negociación con licitación que obliga a publicar el correspondiente anuncio”, según se recoge en el documento presupuestario.

PRIMERO EL ESTADO

El Ejecutivo se compromete a “anticipar” la efectividad de estas medidas a través de dos vehículos, “un Acuerdo de Consejo de Ministros y una Proposición de Ley con un contenido análogo y con la finalidad exigir publicidad sea cual sea la cuantía”. 

Así, el Acuerdo de Consejo de Ministros “que se está preparando para una próxima aprobación” obligará a extender la publicidad a todos los contratos en la Administración General del Estado y sus organismos. La proposición de ley, cuya iniciativa ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados, “vinculará también a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales” y  “entrará en vigor una vez se apruebe por las Cortes”.