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TRATADO POLÉMICO

El Constitucional alemán decide si paraliza el tratado de comercio de la UE con Canadá

El alto tribunal decide el jueves si acepta la demanda popular que impide poner en marcha el acuerdo de libre comercio antes de la aprobación del Parlamento

Movimientos sociales y sectores de izquierda ven en el acuerdo comercial una amenaza a la soberanía nacional y a los valores democráticos de Europa

Carles Planas Bou

A falta de progreso en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), el continente se prepara para la aprobación de otro gigantesco y controvertido acuerdo económico. El tratado con Canadá (CETA) lo tiene casi todo a favor para entrar en vigor a finales de año pero mañana se jugará parte de su futuro. El Tribunal Constitucional alemán decidirá este jueves si acepta las más de 125.000 demandas ciudadanas que exigen que se impida su entrada en vigor antes de obtener la ratificación del Parlamento. Más adelante estudiará la constitucionalidad de lo acordado.

De prosperar ese recurso de ampara ciudadano el gobierno federal de Alemania podría verse incapacitado para votar a favor del acuerdo, un hecho que paralizaría la aprobación y significaría una victoria a corto plazo para los detractores. Si las cortes de Karlsruhe no la aceptan a trámite, la aprobación del CETA será cuestión de semanas. El próximo 18 de octubre está previsto que los ministros de comercio firmen su implementación y el 27 que se selle la ratificación final entre los representantes de la UE y Canadá. Entonces el tratado entraría en vigor de forma provisional hasta que los Parlamentos nacionales den la última luz verde al proyecto el año que viene.

Para los sectores críticos, este hecho supondría uno daño para el sistema alemán que no se podría revertir ni con la negación del Bundestag a aceptar el tratado. El CETA es visto como el caballo de Troya del TTIP, el primer movimiento para abrir las puertas a una pérdida de soberanía nacional de la que se beneficiarán las grandes corporaciones en materia de vigilancia, protección del consumidor, de la salud y del medio ambiente. Las organizaciones sociales y de izquierdas detrás de esta demanda han reiterado que la aceptación del CETA supondría un gesto inconstitucional que mermaría los principios democráticos de Alemania y de toda la UE. Según ha apuntado el Süddeutsche Zeitung, observadores del proceso judicial han interpretado la reunión a puerta cerrada de hoy como una señal de que los jueces han descubierto que hay tratados de la CETA con problemas constitucionales.

MOVILIZACIÓN SOCIAL SIN PRECEDENTES

Las quejas contra los acuerdos de libre comercio entre la UE y Canadá y los Estados Unidos han sido una constante en el continente, pero en Alemania han conseguido que la ciudadanía se una en una movilización de protesta sin precedentes. La opacidad de las negociaciones y las infinitas dudas que despiertan esos pactos han despertado a las asociaciones de protección al consumidor que consiguieron reunir hasta 125.000 demandas ciudadanas en contra del CETA, un hito histórico sin precedentes de tal envergadura. En una encuesta realizada el pasado mayo, hasta el 70% de los alemanes se mostraba contrario a la aprobación de tratados como el TTIP.

La fuerte presión social, encabezada por los grupos de izquierda, se ha traducido en las altas esferas políticas. El líder de los socialdemócratas y vicecanciller alemán Sigmar Gabriel contradijo la voluntad de su socia de gobierno Angela Merkel al asegurar a finales de agosto que las negociaciones sobre el TTIP habían fracasado debido a que “los europeos no queremos someternos a las exigencias de los EEUU”. Ese gesto forzado, con una clara intención electoral, ilustra la potencia de la crítica ciudadana. Aún así, Gabriel y la cúpula del SPD han respaldado vehementemente la aprobación del CETA.

La animadversión social a estos tratados no es únicamente alemana sino que ha sido una constante en las calles de todos los países europeos afectados. Sin ir más lejos, este próximo sábado más de 400 entidades, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos se reunirán en Barcelona para protestar y exigir la suspensión de unos acuerdos que llevan gestándose en los despachos de Bruselas desde hace aproximadamente tres años. Este mismo miércoles representantes de los sindicatos han acudido al Parlamento Europeo para reiterar su denuncia.

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