Los registradores dicen que la hacienda catalana perderá un mínimo de 100 millones

Unos 100 millones de euros al año. Esa es la cantidad mínima que la Agència Tributària de Catalunya (ATC), el embrión de hacienda propia, dejará de recaudar al dejar de hacer los registradores las labores de liquidación y recaudación de impuestos cedidos (sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales) a partir de octubre del año que viene.

Luis Suárez y María José Sanz, decano y vicedecana de Registradores de Catalunya, han presentado un estudio para demostrar la eficacia del colectivo en el desarrollo de estas tareas. Este martes, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, les ha citado para denunciar el convenio que mantienen desde el 2002.

Las 55 oficinas liquidadoras desplegadas por los registros recaudan alrededor de dos tercios de todos los tributos cedidos de la Generaitat. Tienen 403 personas, de las que 71 son registradores, 55 arquitectos técnicos y 277 empleados. Atendiendo a estas cifras y las de la administración catalana, los registradores aportan 100 euros por cada dos de coste, mientras que a la ATC le cuesta el doble (4 euros) ingresar la misma cantidad, explican.

"UN REPLIEGUE"

El objetivo de la Generalitat es desplegar una red de 15 nuevas oficinas, que se sumarán a las 4 que ya tieneuna red de 15 nuevas oficinas. "Toda la Catalunya central y los pirineos se quedan sin oficinas", afirma Suárez, para quien más que un despliegue, el plan público es "un repliegue". Asegura que ciudades como L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú o Igualada se quedan sin cubrir. El decano recuerda que la ATC cuenta hoy por hoy con 375 empleados y un presupuesto de 43 millones. Y la previsión es llegar a 800 empleados dentro de unos 10 meses.

"Por cada euro que costamos les damos 4,50", insiste. Suárez destaca que en la primera fase, como mínimo, se producirán ineficiencias de un mínimo de 100 millones en pérdidas de recaudación pero puede ser de hasta 300 millones más al año, añade. A su juicio, al llevar a cabo estos cambios en un plazo tan breve de tiempo "se multiplican las probabilidades de colapso".

"EL SISTEMA VA A COJEAR"

"El sistema va a cojear", insiste. A su vez recuerda que la Comunidad de Madrid, que zanjó su relación con los registradores, la recuperó seis años después porque "prescribieron más de un millón de expedientes sin ser comprobados". Además, en el País Vasco, donde tienen hacienda propia, este trabajo lo realizan también las oficinas liquidadores del registro. En la actualidad llevan a cabo la liquidación y recaudación con medios propios en Asturias, Navarra, Murcia o Canarias, pero estas dos últimas "se lo están replanteando", explica. 

También queda pendiente el futuro de los 277 empleados de los registros que se dedican a estas labores. De los 71 registradores implicados en este tipo de trabajos, "entre 15 y 20 oficinas pueden dejar de ser viables", según Suárez.

Para los empleados, la Generalitat tiene previsto convocar concursos en los que su experiencia sirva para ganar puntos para plazas como funcionarios interinos. En todo caso, en opinión de Suárez, "si no les dan una solución definitiva lo pasarán muy mal porque la inseguridad es muy alta, tanto en materia de sueldos, como de posibles ubicaciones".