La sentencia de la UE sobre temporales choca con una precariedad enquistada

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UEsentencia  Tribunal de Justicia de la UE que abre la puerta a equiparar los despidos de los trabajadores temporales y los indefinidos ha dejado en estado de shock el mercado laboral español. Además de abrir en canal la regulación de los contratos de interinos y eventuales, ha despertado expectación en un colectivo de casi cuatro millones de trabajadores que van saltando de empresa en empresa en busca de una estabilidad laboral casi imposible.

¿Actuará la equiparación de las indemnizaciones por despido como un revulsivo para reducir la persistente temporalidad del empleo? ¿Qué supondrá la victoria judicial para cada empleado temporal?

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El posible efecto desincentivador en la elevada temporalidad de los ocupados de España, el segundo país europeo con más precariedad (26%), no está claro para algunos expertos teniendo en cuenta la pertinaz precariedad. Desde que se abrió la espita para los contratos temporales con el primer Gobierno socialista de Felipe González en 1984 como vía de flexibilidad laboral, la eventualidad de la mano de obra escaló con rapidez hasta niveles del 36% a pesar de las modificaciones legales que se han ido introduciendo y de la supuesta necesidad de causalidad en la contratación. Después de caer durante la crisis por la expulsión de los temporales en las empresas como primera medida, en los últimos años vuelve a repuntar.

PENALIZACIÓN

PENALIZACIÓNLa penalización de los contratos temporales introducida por José Luis Rodríguez Zapatero, que consistió en aumentar la indemnización por cese, ha tenido un efecto nulo y puede servir como ejemplo para no repetir errores, según Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, debido a que “se diluyó al aplicarse de forma gradual” con un día más cada ejercicio, de 8 a 12 días en cuatro años. “Para que tenga efecto una medida como esa se tiene que aplicar de golpe”, asegura el profesor.

La tasa de temporalidad más ajustada a la economía española, con un elevado peso de actividades estacionales como el turismo, sería del 18% como máximo, según las estimaciones de un estudio de José Antonio Herce, economista de Analistas Financieros Internacionales. Detrás de la media del 26% hay grandes contrastes como por ejemplo en los jóvenes, con una temporalidad del 70%.  

COSTE ASUMIBLE

Para la clase media de los empleados temporales, la ganancia que puede reportar la aplicación de la sentencia europea puede ser un aguinaldo que no da para mucho. El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, desmentía los sobrecostes que se podían derivar del fallo criticados por las patronales al indicar que "no supondrá nada que las empresas no puedan asumir". 

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Pasar de una indemnización por finalización del contrato de 12 días de sueldo por año de servicio, la que corresponde ahora a los eventuales, a tener derecho a 20 días, como los indefinidos, supondría una media de unos 100 euros por trabajador, según los cálculos sindicales. 

Sin embargo, esa cantidad se puede multiplicar en el caso de los interinos que llevan años trabajando en una plaza vacante y, además, los empleados temporales en situación de fraude legal porque que encadenan contratos más allá del límite y pueden cobrar 33 días, recuerda UGT.

A LA ESPERA DE DENUNCIAS

CCOO ya ha habilitado un buzón especial para recibir las primeras demandas de interinos y temporales que quieran percibir la mejora de la indemnización. "Hemos empezado un trabajo de difusión de la sentencia en los centros de trabajo para animar a los afectados a reclamar", afirma Lluïsa Montes, responsable del gabinete jurídico de CCOO de Catalunya. 

La sentencia también ha reabierto el debate sobre la equiparación de las condiciones, incluido el despido, de temporales y fijos. Con la normativa en la mano, la protección legal de los temporales en España es superior a la media de los países de la OCDE, según un índice elaborado por el organismo. El índice tiene en cuenta, entre otros factores, las restricciones a la contratación eventual por la necesidad de justificar las causas, algo que los sindicatos y un buen número de expertos consideran que es papel mojado.