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El Congreso respalda revisar la amnistía fiscal del 2012

El PP apoya la iniciativa general, pero no las que instan a tomar medidas que harían tributar a los beneficiarios al 10%

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

Una reunión del pleno del Congreso de los Diputados, de inicios de septiembre.

Una reunión del pleno del Congreso de los Diputados, de inicios de septiembre. / JOSÉ LUIS ROCA

El pleno del Congreso ha respaldado la proposición no de ley presentada por Ciudadanos (C's) para que las personas beneficiadas por la amnistía fiscal tributen un 10% por todo el dinero aflorado, y no el 3% como resultado de las exenciones dictaminadas por un informe de la Dirección General de Tributos. Esta iniciativa solo podría aplicarse si se forma Gobierno, ya que si hay elecciones, los implicados pueden beneficiarse de la prescripción.

La formación naranja ha obtenido el respaldo de todos los grupos, incluso el PP, aunque este ha pedido votar la iniciativa por puntos. De esta forma ha ratificado el primero de ellos, que insta al Gobierno a que realice "con carácter urgente una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas".

Ese es el peaje que realmente preveía la norma para loas fondos y activos aflorados, pero luego se dulcificó con directrices posteriores, hasta situar el gravamen medio efectivo en el 3%. 

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha criticado que la regularización impulsada por el Gobierno en 2012 "no fue solamente un error", sino que además fue "una chapuza".

PRESCRIPCIÓN

Asimismo, ha criticado que no se estableciera, como sí que se ha hecho en otras amnistías aprobadas en otro país, el retorno de los bienes aflorados. A su vez ha urgido a iniciar las inspecciones ante la inminente prescripción por cumplirse cuatro años de la amnistía el próximo 30 de noviembre. Según Ciudadanos, se habrían podido recaudar unos 4.000 millones de euros de los 1.193 que se han recaudado hasta hora.

Los otros dos puntos avalados por el conjunto de partidos, con la excepción del PP instan al Ejecutivo a anular "las instrucciones internas de la Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección General de Tributos de 27 de junio de 2012", que fomentó un gravamen más bajo del previsto.

El otro punto insta al Gobierno a que "ordene a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la regularización del 2012, y a que estas se inicien en todo caso antes del 30 de noviembre de 2016, para garantizar que los contribuyentes acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, es decir, pagando el 10% de las cuantías afloradas".