PROCESO JUDICIAL

El juez permite a Blesa devolver lo que se gastó con su tarjeta 'black'

El expresidente de Caja Madrid reintegra 436.688 euros para suavizar una posible condena

Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa (izquierda) y Rodrigo Rato.

Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa (izquierda) y Rodrigo Rato. / ARCHIVO

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bankia, Fernando Andreu, ha levantado parcialmente el embargo de los bienes del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa para que pueda devolver los 436.688 euros que se gastó con una de las tarjetas fiscalmente opacas ('black') que se repartieron los consejeros y altos directivos de la institución. El próximo lunes comienza el juicio y reintegrar el dinero es aconsejable para los acusados en caso de que sean finalmente condenados, ya que amplía sus opciones de que le rebajen la pena.

El titular del juzgado central de instrucción nº 4 de Madrid ha desbloqueado los fondos de inversión que Blesa posee en Bankia Banca Privada y Bankia Fondos para que ingrese esa cantidad en la cuenta abierta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en dicha entidad. Entre los que ya han devuelto el dinero figuran, entre otros, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella, Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Juan Iranzo, Jorge Rábago, Luis Blasco Busquet, Arturo Fernández, Javier López Madrid y Virgilio Zapatero.

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El pasado 1 de febrero, Andreu ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas opacas, al ver indicios suficientes de administración desleal por parte de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y de Sánchez Barcoj, exdirector financiero de la entidad, con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.

Anticorrupción solicita seis años de prisión para Blesa y cuatro años y medio para Rato, penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente. En total son 65 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.