ESCÁNDALO FINANCIERO

La macrocausa de las preferentes de Caja Madrid encara su recta final

Afectados por el escándalo de las preferentes de Caja Madrid, durante la última vista del juicio.

Afectados por el escándalo de las preferentes de Caja Madrid, durante la última vista del juicio. / periodico

P. A. / MADRID

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La macrocausa por las participaciones preferentes de Caja Madrid, iniciada en el 2013, encara por fin su recta final. El proceso, que ha quedado visto para sentencia este lunes, resuelve la demanda presentada por la asociación de consumidores Adicae en representación de 2.243 afectados contra BFA-Bankia, heredera de la caja madrileña, por la venta de estos productos financieros de alto riesgo que causaron pérdidas millonarias a cientos de miles de ahorradores. Lo relevante del futuro fallo es que podría abrir una nueva vía a los perjudicados que no han recuperado todo su dinero: una parte minoritaria del total, pero que todavía suma varios miles de personas.

Las siete cajas que se fusionaron en Bankia realizaron 238.000 operaciones de venta de preferentes y deuda subordinada, adquiridas por 293.000 personas, por valor de unos 6.100 millones de euros. Posteriormente, el banco reservó 2.260 millones de euros para devolver el dinero de 165.000 de estas cuentas a través del proceso de arbitraje que impulsó junto al Estado para determinar en qué casos se habían vendido de forma incorrecta (137.000) y por condenas que ha sufrido en los tribunales (28.000). Quedan unas 73.000 cuentas, pero una parte relevante de sus propietarios también recuperaron todo o buena parte de su inversión de forma adicional a los 2.260 millones mencionados. 

El canje de las preferentes y deuda subordinada por acciones que impuso la Comisión Europea como parte del rescate de la entidad se hizo con una quita media del 39% (en los casos más extremos llegó al 70%), con lo que los ahorradores recuperaron el 61% de lo desembolsado. Muchos de ellos vendieron después las acciones cuando cotizaban a buen precio con lo que recuperaron todo o buena parte de lo invertido. Sin embargo, varios miles de esos más de 73.000 afectados todavía no han recobrado todo su dinero. Adicae confía en una sentencia favorable que, si bien solo afectaría en principio a los 2.243 demandantes, podría sentar un precedente para el resto.

PROCESO COMPLICADO

Esa posible solución, en cualquier caso, se presenta compleja. La sentencia será de primera instancia y probablemente será recurrida por la parte que salga perjudicada, con lo que el caso podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Cabe recordar que el banco no estableció un mecanismo para devolver el dinero a los pequeños accionistas de su salida a bolsa hasta que el alto tribunal dictó varias sentencias en su contra (190.000 personas ya han recuperado 1.200 millones de euros), si bien en el caso de las preferentes ya hubo un proceso de arbitraje. Además, la Audiencia Nacional está investigando paralelamente, como pieza separada del 'caso Bankia', si hubo delito en la venta de las preferentes.

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Las partes han leído este lunes sus conclusiones finales en la segunda y definitiva vista oral del juicio celebrado en el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid. Adicae ha pedido al juez que anule la venta de las preferentes porque entiende que los contratos incluían condiciones abusivas, omisiones de información y no se entregaron con el tiempo suficiente a los clientes. Además, ha asegurado que la caja no analizó de forma correcta si los compradores tenían los conocimientos financieros suficientes para saber lo que adquirían.

ARGUMENTOS

"Las agencias de calificación dijeron que era un bono basura, pero la entidad dio instrucciones de que se dijera que el sistema financiero español era fuerte y que era un producto y rentable. La cúpula lo sabía, pero lo colocaron como un producto de interés. No se hizo el test de idoneidad, por lo que nunca se debería haber ofrecido este producto de riesgo y complejo", ha mantenido su abogado, Antonio Castro, 

El abogado de Bankia, Francisco Javier García Sanz, ha solicitado que se desestime la demanda con el argumento de que la información facilitada fue correcta y exhaustiva, ya que detallaba las condiciones reales del producto y su carácter perpetuo y complejo, y ha negado que hubiera una trama organizada para engañar a los inversores. También ha defendido que los casos deben ser analizados uno por uno, y no en una demanda colectiva, porque las circunstancias de la comercialización no pueden ser las mismas en todas las operaciones.