El patrimonio, de nuevo en el punto de mira

De nuevo, en el centro del debate. El impuesto del patrimonio, que ya nació en los años 70 del siglo pasado con carácter provisional, vuelve a suscitar polémica. La Fundación Impuestos y Competitividad, impulsada por los grandes despachos, defiende en un libro en el que se recogen conclusiones de grupos de trabajo de esta organización, la supresión "formal y definitivamente" de este tributo. A la vez reclaman que se evite sustituirlo "por otras figuras similares".

Por otra, desde la izquierda renacen propuestas para reavivarlo o para reconvertirlo en un impuesto sobre las fortunas. El PP, que pretendía eliminarlo como hizo el PSOE en el 2008 y luego recuperó por la crisis, lo mantiene este año.

La CUP, que tiene la llave para aprobar los presupuestos en Catalunya, ha propuesto, por ejemplo, crear un gravamen sobre las grandes fortunas. Solo hay un precedente de este tipo en España y se encuentra en GuipúzcoaGuipúzcoa, donde lo aprobaron Bildu, los socialistas y Aralar en la diputación foral. El PNV, que ahora lleva las riendas de la institución,  lo ha aguado.   

Y eso le va muy bien a las autonomías, ya que es un tributo cedido. A Catalunya le aporta más de 450 millones de euros, que supone la mitad de lo que se ingresa en toda España. En la Comunidad de Madrid no se ha eliminado --eso es potestad del Estado-- pero no se paga porque se aplica una bonificación del 100%. La base de declarantes aumentó gracias a la amnistía fiscal del 2012. Y en las últimas semanas se han llevado a cabo 3.000 requerimientos a potenciales declarantes y a otros que declararon menos de lo debido, que han aflorado unos 35 millones de euros.