Rull quiere multar con 4 millones a ATLL por presuntas irregularidades de gestión
La concesionaria controlada por Acciona, que presentará alegaciones, considera la decisión "desproporcionada e infundada"
El 'conseller' de Territori, Josep Rull, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. / periodico
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
AGUSTÍ SALA / MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoLa Generalitat prevé sancionar con unos 4 millones de euros a la concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL), liderada por Acciona, por subcontratar a dos filiales de esta compañía la prestación de diversos servicios de forma “irregular”, sin la necesaria autorización del Govern. La medida es una propuesta de sanción contra la que la concesionaria, que ha tachado la decisión de "desproporcionada e infundada", tiene 15 días para presentar alegaciones.
La Fiscalía de Barcelona abrió una Fiscalía investigación por estas presuntas irregularidades de gestión. La decisión se adoptó a raíz de un informe remitido por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC)Oficina Antifrau de Catalunya en el que se denunciaba que Acciona usó dos filiales para facturar unos 13 millones de euros por trabajos supuestamente injustificados y sin la autorización oficial necesaria. La OAC proponía resolver el contrato de gestión, que Acciona ganó mediante un concurso público, encallado en los tribunales por las impugnaciones de Aigües de Barcelona (Agbar).
5.000 EUROS POR DÍA
La Generalitat, que ha comunicado la propuesta a la consecionaria a través de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), insiste en que estas prácticas no justifican la rescisión del contrato, que era lo que concluía el informe de Anticorrupció. La administración ha calculado la multa a partir de 5.000 euros diarios durante un periodo de reiteración de las prácticas consideradas irregulares de unos 800 días.Tanto el Govern como la propia concesionaria insisten en que los hechos probados no han afectado de forma negativa ni a la calidad del servicio ni a la tarifa del agua.
En un comunicado, ATLL ratifica "la absoluta regularidad" de todas sus actuaciones y muestra el "radical desacuerdo" con la propuesta de resolución recibida de la ACA, contra la que presentará alegaciones. La concesionaria, controlada por Acciona, afirma que los hechos supondrían "una mera infracción procedimental a lo sumo" y reitera que "no han producido ningún impacto en la prestación del servicio ni han provocado ninguna lesión económica ni efecto alguno sobre las tarifas de ATLL, oficialmente aprobadas por la ACA y que, en el año 2016, reflejan una reducción del 0,77%".
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