Bruselas endurece la homologación de vehículos en la Unión Europea

Cuatro meses después de que Estados Unidos destapara el escándalo de los motores trucados de Volkswagen, la Comisión Europea acaba de hacer pública su solución para controlar un sistema de homologación de vehículos demasiado independiente hasta ahora, que deja en manos estatales el proceso de certificación y a Bruselas sin voz ni voto para sancionar comportamientos como los del fabricante alemán. Con la nueva propuesta, el Ejecutivo comunitario pretende reforzar el control y devolver la confianza a los consumidores europeos. El nuevo sistema da a Bruselas la posibilidad de imponer sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo afectado.

“Las revelaciones de Volkswagen ponen de manifiesto que el sistema de comercialización de vehículos necesita mejoras. Para recuperar la confianza de los consumidores en esta importante industria necesitamos endurecer las reglas y asegurarnos de que se cumplen”, advierte el vicepresidente Jyrki Katainen. “Con nuestras propuestas aumentaremos la calidad y la independencia de la inspección de vehículos y mejoraremos la supervisión de los coches que ya están en circulación”, añade la comisaría de industria, Elzbieta Bienkowska.

Según las normas actuales, las autoridades nacionales son las únicas responsables de certificar que un vehículo cumple con los requisitos necesarios para su comercialización en el mercado y garantizar que los fabricantes cumplen con la reglamentación europea. El nuevo plan mantiene el reconocimiento mutuo de las certificaciones que se realizan a nivel nacional, pero reforzará el control con tres objetivos: lograr un sistema de homologación más independiente, una supervisión del mercado mucho más eficaz y una vigilancia europea reforzada.

Actualmente, la mayoría de los Estados miembros designan a los servicios técnicos que son los responsables de certificar los vehículos y garantizar que cumplen con las normas aunque son directamente los fabricantes quienes les pagan. Una forma de funcionar que fomenta conflicto de intereses y que compromete la independencia de las inspecciones. Bruselas aboga ahora porque sean los Estados miembros quienes reciban todos los pagos, incluye criterios de rendimiento más rigurosos, que serán revisados regularmente y de forma independiente, así como revisiones regulares de las autoridades responsables de la homologación.

En segundo lugar, la nueva normativa pretende poner el foco de atención no solo en los controles previos sobre los modelos en pruebas sino favorecer que se puedan realizar más controles sobre el terreno de los coches que ya están en el mercado. “Esto nos permitirá detectar incumplimientos en etapas tempranas y garantizar que se toman medidas inmediatas y robustas contra los vehículos que incumplen o presentan un riesgo serio o dañan el medioambiente”, explica la Comisión. Los Estados miembros estarán obligados a revisar regularmente el funcionamiento del mercado, publicar los resultados y tomar medidas en su territorio si se detectan fallos antes de que las autoridades de certificación homologuen el vehículo. Además, los certificados tendrán una validez limitada de cinco años y solo podrán renovarse una vez que las autoridades nacionales verifican que el vehículo sigue cumpliendo las normas.

Uno de los cambios más importantes, sin embargo, será el poder que el sistema confiere a Bruselas para supervisar el proceso de homologación. “La Comisión tendrá el poder de suspender, restringir o eliminar la designación de los servicios técnicos que actúen con demasiada laxitud a la hora de aplicar las reglas”, advierten. Bruselas podrá realizar inspecciones de verificación, a través del centro conjunto de investigación, y si lo considera necesario pedir la retirada de vehículos. Con el objetivo de disuadir e impedir el visto bueno de vehículos deficientes, la propuesta -que deberá ahora ser negociada entre Eurocámara y Consejo- también da la capacidad a la Comisión de imponer sanciones administrativas de hasta 30.000 euros por vehículo a los fabricantes si el Estado miembro no lo hace y también a los servicios técnicos si no actúan con rigurosidad. El nivel de las multas dependerá de la gravedad del caso.

Dada la inquietud generada por el fraude de Volkswagen, que se ha negado hasta ahora a dar el mismo trato a los afectados en Europa que a los de Estados Unidos, Bruselas confía en que los legisladores negociarán el nuevo reglamento por la vía de urgencia para que el sistema entre en funcionamiento lo antes posible.